Monthly Archives: abril 2008

¿Batzarre elemento cultural?
José Mari Esparza Zabalegi.- Editor

Está visto que no pasa un sólo día sin que alguien maree un poco más la perdiz navarra. Hemos leído en este periódico las declaraciones del representante de Batzarre, Ioseba Ezeolaza, pidiendo a NaBai mayor claridad en algunos puntos que al parecer Batzarre sí tiene claros: rechazar que Navarra pueda ser precio político; respeto a la identidad Navarra y que “cuando se hable de Euskal Herria se hable como elemento cultural, dejando claro que Navarra es la que debe decidir si quiere ser parte de ese elemento político”.La frase en sí misma ya es un mareo: Euskal Herria entonces ¿es elemento cultural o elemento político? ¿O para Navarra debe usarse como elemento cultural y para otros como elemento político?Si nos ponemos los espejuelos de la Historia, la sinsorgada todavía se ve mayor. Cuando las cuatro diputaciones decidían unir el mando militar en las guerras carlistas, ¿lo hacían con criterios culturales? Y cuando la Diputación de Navarra en 1864 propuso a sus hermanas el Laurak Bat “en favor de una unión patriótica y religiosa” del país ¿no estaba hablando de política? Porque lo que proponían los navarros era hacer una banca conjunta, Universidad, manicomio, gestiones unidas ante Madrid… Los proyectos de estatutos de autonomía para las cuatro provincias, refrendados varias veces por los ayuntamientos navarros, ¿sólo fueron folklore?

En suma, la defensa histórica que los carlistas, los liberales fueristas, los masones, los republicanos federales, los socialistas y los comunistas navarros han hecho siempre de la unidad de Euskal Herria, sin menoscabo de las particularidades forales de cada territorio, ¿no merecen ser tomadas en cuenta como antecedentes políticos, amén de culturales, de la unidad vasca?

Batzarre, grupo que se dice de izquierdas, tan dedicado ahora a la memoria histórica, debería al menos tener en cuenta el acuerdo del Frente Popular Navarro de junio de 1936, exigiendo del Gobierno la incorporación de Navarra al Estatuto Vasco y no dejar a Navarra en manos de la derecha. A los firmantes de aquél acuerdo, fusilados un mes más tarde, ¿los persiguieron por razones culturales o políticas? Y el Consejo de Navarra en el exilio, y toda la lucha antifranquista que defendía la unidad vasca ¿era sólo por amor a la cultura?

El mismo Batzarre debería mirar en sus propios archivos sus digos pasados y sus diegos actuales. Los abuelos de Batzarre se llamaron ETA Berri, de donde salió luego el Movimiento Comunista y luego el EMK, que se separó de la organización estatal por coherencia con la autodeterminación y hasta alentaron un grupo armado, Iraultza, del que ahora nadie quiere acordarse. En el entorno, docenas de organizaciones (Euskadiko Gaztedi Gorria, ESK-CUIS, Zutik, etc.) todas defendiendo Navarra como parte política inseparable de Euskal Herria. Y por no ir tan lejos, el único cargo parlamentario que ha tenido Batzarre ¿no lo consiguió como Euskal Herritarrok? ¿A qué vienen ahora estas milongas culturalistas? ¿Quién está utilizando a Navarra como moneda de cambio? ¿Y qué precio político se paga por semejantes volteretas históricas?

Este cuento de Euskal Herria como elemento cultural y no político no lo ha inventado Batzarre. Lo inventó Víctor Pradera, prócer del fascismo español y padre espiritual de los Del Burgo. Y lo desarrolló Garcilaso desde el Diario de Navarra. En su nueva deriva política (¿o cultural?) Batzarre debería tener más cuidado al elegir los ideólogos.

…la lucha por la paz -no como lo contrario al terrorismo fundamentalista islámico sino como lo opuesto a todo tipo de guerras. Nos corresponde asumir la lucha para demostrar que un mundo sin guerras es posible, desactivando los focos de guerra existentes con propuestas efectivas e interlocutores reales para conflictos como los de Medio Oriente, Colombia, Chiapas, el País vasco, Irlanda del Norte y Cachemira, entre otros, así como desarticulando el complejo industrial-militar que las fomenta y lucra con ellas, las inversiones bélicas que siguen gastando recursos necesarios para la humanidad en jactanciosos proyectos militares, tanto como el comercio clandestino de armas que abastece todas las guerras en el mundo y los paraísos fiscales, donde se reciclan esos recursos.

Fragmento del articulo «La izquierda Latinoamericna en el siglo XXI» Ed Chiapas 12 Trad Ana Esther Ceceña

Juan Aranzadi, antropólogo  Entrevista de Alberto Surio DV 11/03/05

El antropólogo Juan Aranzadi (Santurtzi, 1949) presentó ayer en San Sebastián, Good-bye ETA , un conjunto de reflexiones escritas bajo el síndrome de la lenta agonía de ETA.

 

–¿El título del libro Good-bye ETA no es demasiado voluntarista?

 

–Es voluntarista pero también constata el síndrome social, político y moral de la lenta agonía de ETA y la esperanza de su disolución. Así titulé un artículo que suscitó en su día algunas críticas furibundas de algunos ex amigos míos, entre otros Jon Juaristi y Savater, y que después se aclararon tras los atentados del 11-M. Tenía ganas de sacarme espinas clavadas –se llegó a decir que yo era cómplice del terrorismo y antisemita– y descalificaciones respecto a mi posición ante ETA desde el año 99 en el que comenzaron mis divergencias con gente con la que yo había estado de acuerdo como son los líderes de ¡Basta ya! Con los acontecimientos, la razón ha caído de mi parte.

 

–¿Enlaza con sus libros anteriores como El escudo de Arquíloco o El milenarismo vasco?

 

–En El milenarismo vasco indagué sobre los fundamentos simbólicos y religiosos del nacionalismo vasco, con un 90% de crítica al mismo. No creo que las conclusiones fueran distintas si se aplicaran al nacionalismo español. Valoro incondicionalmente la vida para evitar la muerte. Recuerdo la frase: «Matar un hombre sólo es matar un hombre, no es defender una causa».

 

–¿Encierra una autocrítica personal?

 

–Claro, es una autocrítica de mi itinerario de juventud donde me intoxiqué de todos los dogmatismos, tanto del cristiano como del revolucionario. No hay ninguna causa por la que merezca morir y por la que merezca matar. Ni la independencia de Euskadi ni la Constitución. Cuando alguien concluye que hay una causa por la que merece la pena morir está muy cerca de concluir que por esa misma causa merece la pena matar. Me dan mucho miedo los mártires y los verdugos, porque de mártires a verdugos hay un paso que se ha dado en la historia del cristianismo o la revolución proletaria. La muerte de un ser humano es un mal absoluto. Ni la democracia ni el socialismo ni la unidad de España merecen una gota de sangre. Lo que critico yo es que se plantee el constitucionalismo como una opción moral y se satanice a quienes no siguen ese itinerario. No soy sólo crítico del nacionalismo vasco, soy crítico de todo nacionalismo. Es una de las formas más envilecedoras de legitimación del estado que ha inventado la modernidad.

 

–No hay cierta deserción cívica en su mensaje…

 

–¿A qué llamamos deserción cívica? La capacidad de intervención de los ciudadanos en las sociedades liberales se limita a votar cada cuatro años y poco más. Al terrorismo tiene que enfrentarse la policía, en la calle no se hace nada más que publicidad. Es una irresponsabilidad cívica llamar al heroísmo de los ciudadanos. El bien máximo es que ETA desaparezca.

 

–¿Incluso pagando un precio?

 

–Yo lo pagaría. No sabemos qué va a pasar cuando desaparezca la violencia. Pensar que hay que acabar a la vez con ETA y con el nacionalismo vasco es un delirio imposible propio de unos megalómanos. Puede que ETA vuelva a matar, pero estamos lejos de presión terrorista de los años 80. Y el nacionalismo vasco no va a renunciar nunca a sus objetivos soberanistas o independentistas. ETA carece hoy de la capacidad de chantaje al PNV que tenía en Lizarra, aunque quiera hacer de su necesidad virtud. Con lo que el plan Ibarretxe no es concesión a la violencia sino la expresión del programa político del nacionalismo, siempre oscilante entre la radicalidad y el pragmatismo.

Iniciativa para la defensa de las libertades democráticas

 

-I-

Justificación

 

Las personas que firmamos la presente declaración militamos en organizaciones sociales, sindicales y políticas comprometidas con los derechos humanos, con la justicia social y con la democracia política. Todos actuamos a título individual porque queremos respetar la autonomía y el pluralismo de nuestras respectivas organizaciones, y desde la diversidad de opiniones políticas que cada cual tiene, nos hemos puesto de acuerdo para crear un comité de defensa de las libertades que aspira a promover el compromiso militante de todos los demócratas.

 

Somos conscientes de que esta propuesta puede ser incomprendida por quienes estiman que el mero hecho de tener un sistema de partidos políticos y de elecciones libres es garantía suficiente de democracia política. El hecho añadido de que estemos plenamente integrados en la Unión Europea refuerza la percepción de que las libertades democráticas parecen consolidadas, y que la idea de un Comité de defensa de las mismas evoque el recuerdo de tiempos pretéritos, ya superados, de persecución política, de dictadura y represión. Sin embargo, y a poco que observemos con mirada crítica la realidad que nos circunda, apreciaremos que la democracia en que vivimos no sólo es de baja calidad, sino que está incluso en peligro de retroceso.

 

La violencia política de ETA sigue persistiendo como un factor que conculca derechos humanos y distorsiona la convivencia democracia. La acumulación de secuestros, extorsiones económicas, actos de “kale borroka” y víctimas mortales hasta un total que se aproxima a cerca de 1000 personas en los 30 años de vigencia del sistema democrático, ofrece una idea de la magnitud de este problema. La nueva ruptura de la tregua de ETA ha puesto fin al enésimo intento de buscar una salida negociada, y el anuncio de su regreso a la acción armada amenaza con la apertura de un nuevo ciclo de violencia política que empantana la cuestión vasca en los mismos términos de sufrimiento, miedo, intolerancia y represión policial en que ha estado sumida en las últimas décadas. El hecho de que esa violencia se realice en nombre de la libertad nacional y del reconocimiento del derecho de autodeterminación, ni la justifica ni la hace más tolerable desde el punto de vista de los derechos humanos.

Ahora bien, si consideramos la cuestión de la calidad democrática desde el punto de vista de las “normas políticas del estado” bajo las que estamos obligados a vivir, se observará que en ese mismo lapso de tiempo se ha producido el encarcelamiento de varios miles de militantes abertzales sin que se haya podido demostrar la vinculación de muchos de ellos con la violencia de ETA, como en el reciente caso del sumario 18/98. También se ha producido el asesinato de varios decenas de militantes abertzales por el “terrorismo de estado” (GAL, etc), y la tortura en las comisarías, denunciada sistemáticamente por Amnistía Internacional. En otro orden de cosas se puede apreciar la acumulación de un conjunto de leyes especiales como la ley antiterrorista y la ley de partidos entre otras, que cercenan las libertades democráticas, junto a hábitos jurídicos de corte neofranquista, acciones de gobierno y discursos políticos que están transformando el débil e insuficiente “estado democrático” nacido de la reforma de la dictadura, en un cada vez más degradado “estado fuerte” de bajo perfil democrático.

 

Afortunadamente, algunas de estas prácticas policiales han desaparecido, como en el caso de ciertas formas de “terrorismo de estado”, pero en cambio otras se han reforzado, como es el caso de las leyes especiales, la persecución de la izquierda abertzale o la prevaricación de los jueces en el encausamiento de las cuestiones relacionadas con el “problema vasco”. Estas medidas se presentan como democráticas por el mero hecho de ser “legales”; esto es, por haber sido aplicadas previa modificación de las leyes, pero eso no las convierte en políticas más democráticas que las actuaciones ilegales del “terrorismo de estado”, aunque resulten más tolerables desde el punto de vista de su imagen pública. El caso más paradigmático de esa identificación entre legalidad y derecho la tenemos en el procesamiento iniciado contra el lehendakari y contra los representantes del PSE y de Batasuna en las conversaciones políticas para el final dialogado de la violencia. Cuando se criminaliza el diálogo político como se hace en este caso, no se puede dejar de pensar que el tantas veces invocado “estado español de derecho” se asemeja más a un estado policial que a un estado democrático.

El problema añadido es que todas las medidas de excepción se justifican con el pretexto de “combatir al terrorismo” o de frenar la “secesión vasca”, y en esa carrera de despropósitos del “todo vale contra ellas”, hemos asistido a una paulatina restauración del neofranquismo en las cúpulas dirigentes del Partido Popular, de la Conferencia Episcopal Española, del poder Judicial, y de algunos influyentes medios de comunicación de la derecha clásica. Desde estas instancias de poder se promueven políticas antidemocráticas, se criminaliza la disidencia de izquierda abertzale como sinónimo de colaboración con ETA, y se recuperan los viejos discursos totalitarios del nacional-catolicismo español, como únicos intérpretes de la identidad española, de la democracia y de la Constitución.

El colectivo de personas que promovemos esta iniciativa consideramos que no se debe banalizar la influencia de estos discursos y de estos poderes fácticos sobre el poder político y sobre la opinión pública. Sobre todo y particularmente en las condiciones de desmovilización social de las izquierdas y de exaltación patriótica española en que hoy vivimos, pues su influencia sobre la política es tan considerable que está haciendo retroceder la cultura democrática a niveles preconstitucionales.

En razón de ello, y sin olvidarnos de los problemas derivados de la violencia de ETA, nuestra preocupación también consistirá en desvelar la verdadera naturaleza de las leyes de excepción. El compromiso con la defensa de las libertades nos emplaza a trabajar por abolir esas leyes y reconstruir las bases de una cultura democrática que sea respetuosa de todas las identidades, de todos los derechos humanos para todas las personas, y de todos los derechos democráticos para todos los ciudadanos y para todos los pueblos.

De estas consideraciones generales deducimos la siguiente

 

-II-

Línea de actuación

 

1.- La iniciativa por la Defensa de las Libertades actuará contra la conculcación de los derechos humanos y contra el recorte de las libertades democráticas independientemente de quien o quienes los conculquen y atropellen.

2.– La iniciativa por la Defensa de las Libertades promoverá una cultura democrática de respeto a la vida, de desobediencia civil a las leyes injustas, de movilización social y de acción ciudadana en favor de todos los derechos humanos y de todas las libertades democráticas para todas las personas, partidos políticos y nacionalidades del estado.

3.– La iniciativa por la Defensa de las Libertades no hará por tanto distinción entre unos derechos y otros, ni condicionará la defensa de unos derechos a la conquista previa de otros.

4.- La iniciativa por la Defensa de las Libertades se pronuncia radicalmente en contra de la aplicación de “soluciones policiales” a los problemas políticos, y promoverá en consecuencia las vías de la negociación entre ETA y el Estado para las cuestiones relativas a la violencia y a los presos políticos, y las vías del diálogo transversal entre partidos políticos y entre las instituciones vascas y las instituciones del Estado, para todas las cuestiones relativas al derecho de decisión, a la unidad político-territorial, y a la soberanía política de las partes.

Sobre la base de estos criterios, formulamos las siguientes

 

 

-III-

Demandas democráticas

 

1.– Demandamos a ETA el cese definitivo e incondicional de todas las formas de violencia política que ejerce. En esta demanda incluimos el cese de la “kale borroka” o violencia de baja intensidad, independientemente de quienes sean las organizaciones que la ejerzan. Consideramos que esa decisión facilitará la recuperación de la negociación política interrumpida con motivo de la tregua. Pero sobre todo y fundamentalmente, el cese de la violencia debe realizarse por razones de ética política. Esto es, porque las reivindicaciones democráticas requieren la utilización de métodos democráticos respetuosos de los derechos humanos y situados a la misma altura moral que la democracia que se reivindica.

 

2.– Demandamos al Estado español una política activa contra la tortura y contra la prolongación indefinida de las condenas a los presos políticos, basada en:

• La presencia letrada y la filmación obligatoria de todos los interrogatorios policiales

• El acercamiento de los presos vascos a las cárceles vascas

• La aplicación de la legislación ordinaria para la concesión del 3º grado y para la excarcelación de todos los presos políticos que estén enfermos o que hayan cumplido las ¾ partes de su condena

• La derogación de la “doctrina Parot”

 

3.- Demandamos al Estado español la abolición de las leyes de excepción a cuyo amparo se ha producido la ilegalización de Batasuna, el encarcelamiento de sus dirigentes, la persecución de las organizaciones juveniles vinculadas a ella, la invalidación de sus candidaturas electorales y los procesamientos del Lehendakari junto a dirigentes del PSE y de Batasuna. Muy en particular

• La derogación de toda la legislación antiterrorista

• La derogación de la Ley de Partidos Políticos

• La disolución de la Audiencia Nacional y todos los Tribunales especiales creados al amparo de la legislación antiterrorista

• El restablecimiento efectivo del derecho de libre asociación para todas las organizaciones ilegalizadas de la izquierda abertzale.

 

4.- Demandamos al Estado español una política activa contra la judialización de la política y contra la politización de la justicia, muy en particular,

• La anulación de las sentencias del proceso 18/98 y la puesta en libertad de todas y todos los encausados en ese proceso

• La paralización de todos los procesos en curso al albur de la aplicación de la Ley de Partidos Políticos

• La democratización del poder judicial a fin de garantizar su independencia efectiva, la revocación de cargos y la depuración democrática de todos los jueces de probada adscripción a las organizaciones e ideologías neofranquistas. En esa perspectiva general, demandamos la creación de un poder judicial vasco, así como el control desde el Parlamento Vasco de todas las actuaciones judiciales que estén relacionadas con su ámbito territorial.

5.- Abogamos por la construcción de una nueva cultura democrática contra la intolerancia política,

• Que tomando como referencia las ideas de paz, justicia, democracia y reconciliación, promueva una ley vasca de la memoria histórica basada en el reconocimiento de todas las víctimas de la violencia política desde la guerra civil y la dictadura franquista a las víctimas de ETA, del GAL, o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

• Una cultura democrática que sea respetuosa de todas las identidades nacionales, que promueva la igualdad de las lenguas y la normalización en el uso social del euskera, la transversalidad y el diálogo político en base al respeto de los principios democráticos universales, el derecho de las nacionalidades a decidir libremente su futuro, la solidaridad entre los pueblos y el pacto entre sus instituciones de autogobierno

• Una cultura democrática que fomente la justicia social, la distribución de riqueza y la participación ciudadana en la extensión de los ideales de progreso, libertad, igualdad, paz y solidaridad

 

6.– Emplazamos al Estado español a que reconozca el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro político en libertad, comprometiéndose a respetar los resultados de cuantas consultas ciudadanas tengan a bien realizar sus instituciones de autogobierno.

 

Primeros firmante:

• Jose Luis Longarte de Pastoral Obrera de Bizkaia

• José Ramón Castaños de Ezker Gogoa

• Alvaro Marcos de Ezker Gogoa

• Mariano Gomez de Ezker Gogoa

• Petxo Idoyaga del colectivo Elkarbide de profesores de la UPV

• Pedro Ibarra del colectivo Elkarbide de profesores de la UPV

• Míkel de la Fuente director Escuela Universitaria de Relaciones Sociales

• Juan Hernández del colectivo Elkarbide de profesores de la UPV

• Arantza F. de Garaialde del sindicato STEE-EILAS

• José María Zabalo del sindicato STEE-EILAS

• Loli García del sindicato CCOO

• Jesús Uzkudun del sindicato CCOO

• Emilio Lekue del sindicato ESK

• Jokin Espilla del sindicato ESK

• Celia Muñoz del sindicato ESK

• Iosu Bilbao Cos de Ekologistak martxan

• J.Ramón Martin Urreta de Ekologistak martxan

• Iñaki Bárcena de Ekologistak martxan

• Ricardo Hernández Abaitua del taller de ecologia de Gernika

• Enrique Arzubiaga del taller de ecologia de Gernika

• Juantxu Izagirre de Gernika Batzordea

• Oscar Matute parlamentario de Ezker Batua

• Begoña Vesga de Esker Batua

• Marcelino Fraile de Ezker Batua

• Iosu Murguia Representante de Aralar en las Juntas de Bizkaia

• Román Bilbao Consiliario de Pastoral Obrera

• Natxo Isuskiza Sacerdote

• Joseba Bakaikoa Capuchino

• Oskar Vellisca Abogado

• Javier Gonzalez de Etxerat

• Javier Iriarte de Etxerat

• Javier Delgado de JOC

• Jon Elordui de HOAC

• Alberto Cantero de Itaka

• Carlos Ascunce de REAS

• Marlen Eizagirre de ALBOAN

• Nerea Aresti de Asamblea de Mujeres de Bizkaia

• Miren Llona de Asamblea de Mujeres de Bizkaia

• Anabel Sanz de Asamblea de Mujeres de Bizkaia

• Marta Brankas de Asamblea de Mujeres

• Xabier Sarasua

• Jesús María Bilbao

• Jesús María Barrutia

• Juan María Zulaika

• Jose Alcedo

• Txema Mendibil

 

 

 

Nota: Esta propuesta se enviará a personas representativas de otros movimientos sociales, ONGs, Fundaciones, Sindicatos (ELA-LAB,UGT, etc.) Partidos políticos (Batasuna, Nafarroa BAI, EA, PSE, PNV), y otros y otras de no importa cual asociación cultural o colectivo ciudadano

 

Del euskera y los ‘otros abertzales’

Lamento tener que polemizar con algunos columnistas de este periódico,
como mi entrañable amigo y viejo correligionario Eduardo Uriarte, pero
no puedo pasar por alto algunas de las cosas que se vierten sobre
nuestra vieja lengua minorizada. Fobias inconfensables, disfrazadas de
/constitucionalismo,/ afirmaciones totalmente inexactas, cuando no
históricamente falsas, manipuladas para justificar posiciones
españolistas políticamente legítimas frente a las vasquistas o
nacionalistas -que no es lo mismo- tan lícitas, por otra parte. No todo
vale, y menos utilizando como arma arrojadiza una lengua. Por que si uno
es constitucionalista, como se presume, debería de estar de acuerdo y
cumplir el artículo 3.3. de la Constitución Española, que reza: «La
riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».
Lo sé de memoria, entre otras cosas, por haber sido uno de los
traductores al euskera, por encargo de las Cortes, de dicho texto
fundamental. Y si son partidarios del Estatuto de Gernika, como dicen
¿están en contra de su artículo 6º, que dice: «1. El euskera, lengua
propia del Pueblo Vasco, tendrá, como el castellano, carácter de lengua
oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y
usar ambas lenguas», y sigue con otros cinco interesantes párrafos que
les recomiendo para refrescar su memoria. Y a ese texto le dimos el voto
afirmativo los que éramos militantes o votantes de la mayoría de la
ciudadanía vasca: PNV, EE, EPK-PCE, ESEI, PSE-PSOE y UCD. Estuvieron en
contra AP y HB, por si no se acuerdan.

En la lícita controversia no todo vale y menos utilizando, sin respeto
alguno, como arma arrojadiza una lenguaDividir esta comunidad entre «nacionalistas» y «constitucionalistas» es
volver a un pernicioso bicomunitarismo

En un artículo titulado /Volviendo a la normalidad,/ mi amigo Uriarte,
mezclando churras leonesas y merinas castellanas -las /latxas/ deben ser
ahora ovejas negras- dice, para afirmarse en sus asertos: «Sabían
ustedes que en el pasado la Margen Izquierda de la ría del Nervión y Las
Encartaciones nunca fueron vascoparlantes». Es una falsa afirmación.
Hace un par de meses se ha presentado el libro /Toponimia histórica de
Barakaldo,/ obra de Gregorio Bañales y de Mikel Gorrotxategi, académico
correspondiente y encartado de Sopuerta. Se recogen en él cientos de
topónimos euskéricos, entre ellos el suyo, Uriarte, que data de 1533, y
otros del barrio Landaburu. Y también una carta de 1866 dirigida por en
la que el escritor y traductor de la Biblia Jose Antonio Uriarte al
príncipe y lingüísta Luis Luciano Bonaparte en el que le dice: «He
estado de intento en Baracaldo, y he averiguado que en los barrios de
Landaburu y Beurco se habla mucho bascuence, y en el de San Vicente
también algo, pero en el barrio de Retuerto y demás apenas se
conoce…». Siglo XIX y no Edad Media. Por lo visto, mi amigo Teo le ha
copiado al insigne académico y nacionalista español Gregorio Salvador,
que escribió semejante patraña en /La Razón./ Cuestión diferente es que
en el extremo occidental encartado nada prueba que se haya hablado
euskera en la antigüedad y que en su parte central convivan topónimos
eusquéricos y de romance astur-montañés, como convivieran también, según
dan a entender textos históricos, poblaciones vascas y leonesas. Pero en
la parte occidental la toponimia eusquérica es mayoritaria.

Sobre el rótulo viario Portugalete-Kueto, no es una «manera fina de
euskaldunizar la Margen Izquierda», como dices, sino un torpe
incumplimiento de la normativa foral y de lo establecido en la Ley de
Normalización del Uso del Euskera, porque Cueto y otros que también son
topónimos castellanos o romances no se han de escribir con ortografía
vasca. Pero podías habernos aliviado la excursión de tu ligero discurso
con divagaciones como «/Zaspilanda/ (sic), Siete Campas desde los
albores de los tiempos», cuando el topónimo históricamente documentado
es /Zorrozgoiti /(es decir, la parte arriba de Zorrotza).

Cuestión diferente es la del que fue un buen rector de la UPV-EHU Manuel
Montero, y que en éste y otros periódicos está tronando últimamente
contra cualquier nacionalismo -vasco, por supuesto; contra el otro nunca
dice nada, aunque lo conozca íntimamente-. Él y otros intelectuales,
vascos o no, saben perfectamente que no se puede ni debe dividir esta
sociedad entre «nacionalistas» y «constitucionalistas», porque es volver
a un pernicioso bicomunitarismo que algunos criticamos hace más de
treinta años. Creo y afirmo que los de Ezker Batua son tan
constitucionalistas como los señores Montero, Savater y Arteta, y
posiblemente menos nacionalistas. En España, en general, los únicos no
nacionalistas son los federalistas, sean los de IU y muchos socialistas.
José Bono, en cambio, es un /abertzale/ españolista, porque como Manu
Montero sabe la traducción equivalente a /abertzale/ es «patriota», y
así se ha declarado con todo derecho el aspirante a presidente del
Congreso de Diputados.

Pero el amigo Montero, en artículos recientes como /La conquista del
euskera/ o /La postergación de los no nacionalistas,/ después de
párrafos brillantes, algunos asumibles, aprovecha el viaje dialéctico
para atacar toda la política lingüística y, en definitiva, el euskera.
Debiera de tentarse la ropa, pues en tiempos, todavía no lejanos, desde
la «escuela nacional», copia terminológica de la «/scola nazzionale/»
del fascismo italiano por el segundo ministro de Educación Nacional
franquista, fueron enviados aquende el Ebro cientos de «maestros
nacionales» a prohibir la lengua vasca, con castigos corporales inclusive.

Públicamente me pronuncié como padre a favor de la escuela pública
vasca, pero en contra de la «/euskal eskola nazionala/» y me alegraría
que, también Manu Montero empezara a reconocer el apostolado glotocida
de la «escuela nacional española», que no la escuela pública
republicana, y, a reglón seguido, pasara a criticar cualquier exceso,
gubernamental o no, de normalización lingüística. Podría contar con mi
colaboración, pero por ese orden histórico, ya que es historiador. Pero
una lengua minorizada como el euskera le debía merecer, si, como dice,
es «constitucionalista», «respeto y protección».

*José Luis Lizundia* fue parlamentario de EE y es académico de número de
Euskaltzaindia-Real Academia de la Lengua Vasca.

Articulo publicado en Diario Vasco Grupo Vocento

J. O.– Usted no es un político español al uso en casi ningún aspecto. Tampoco en lo que se refiere a sus criterios sobre la organización territorial del Estado y a su posición en lo relativo al enfrentamiento entre el centralismo y las reivindicaciones de las nacionalidades.

J. A.– Fui educado en la parafernalia de la «sagrada unidad de España», del «Imperio», de la condena de los «contubernios rojo-separatistas», etc. Eso marca. Condiciona los sentimientos. Pero luego uno ve, uno lee, uno razona… y lo que ve, estudia y reflexiona entra en contradicción con los sentimientos que había alimentado hasta entonces. En mi caso, esa pugna se tomó su tiempo, pero al final fui llegando a algunas conclusiones claras. De la primera de ellas di cuenta en una conferencia que pronuncié en 1980 en Madrid, en el Club Siglo XXI, y me valió un río de críticas. Dije: «España no está hecha. Habrá que hacerla». Yo no lo sabía, pero luego me enteré de que Antonio Alcalá-Galiano hizo esa misma afirmación no muy avanzado el siglo XIX. El problema es viejo.

No fue sin resistencia interior como tuve que ir asumiendo que la Historia de España que me habían enseñado estaba repleta de falsedades. Yo he visto en el despacho del monarca el decreto por el que Carlos III estableció que la bandera de España habría de ser la roja y gualda. «Y llevará el escudo de Castilla», añadía. «¿Y por qué sólo el de Castilla, y no todos?», pregunté. España siempre ha sido definida desde el poder del Estado. No fue un producto de la maduración histórica, como la nación francesa, que es el ejemplo clásico.

En mi concepción, España sólo puede sustentarse en el acuerdo de los pueblos que la componen. A mí me gustaría que estuviéramos todos conformes en marchar en común, pero si un pueblo no está de acuerdo, o si hay dudas de si lo está o no, y en qué proporción… ahí defiendo que se reconozca el derecho de autodeterminación. Que es un derecho, por cierto, suscrito por el Estado español en las Naciones Unidas.

De todos modos, cabe estar juntos de diversos modos. La derecha mostrenca todavía no ha entendido que el Estado federal es una forma de Estado unitario. Podría instaurarse sin que eso supusiera el fin de la unidad de España, ni mucho menos.

Fragmento de entrevista a Julio Anguita por Javier Ortiz

www.javierortiz.net

«El altruismo intelectual es mucho más difícil de encontrar que el altruismo sentimental. Es mucho más fácil conseguir de un ser humano que salve la vida a un enemigo con riesgo de la propia, que el que discuta con serenidad y buena fe una proposición contraria a su punto de vista, con riesgo de dejarse convencer.»

María de Lejárraga 1932

Apa!!

A ver si le sacamos chispa a las nuevas tecnologias.

Zorte ta besarkada handi bat