22/11/09
El estatuto de Gernika nació hace 30 años con el fin acogotar las aspiraciones nacionales acrecentadas durante la lucha contra la dictadura franquista y dar por finalizada la Transición dentro de los límites impuestos por una Constitución (que no fue aprobada en la Comunidad Autónoma Vasca [CAV])(1) al gusto de los poderes fácticos del momento y condicionada por presiones involucionistas que amenazaban con un “o lo tomas o nada”.
Nada que ver con historiografía oficial, que ensalza el consenso y buen hacer de los políticos que lo diseñaron, sobre todo del rey y Suárez, el falangista reconvertido en demócrata, y oculta la imposición de los poderes fácticos (para la historia quedan las memorias de Solé Tura, donde se explica el papel del correveidile de los innombrables, que le dejaban bien claro que la “unidad de la patria y la monarquía eran cuestiones intocables”), a la vez que ignora la represión que durante todo ese tiempo se ejerció contra el movimiento popular.
El documental de ETB elaborado al respecto, por ejemplo, resalta el dramatismo de la violencia de ETA, pero nada dice de la ocupación policial de pueblos y ciudades (como Errenteria,(2) cuya realidad algunos sufrimos en nuestras carnes), la brutal represión policial para despejar las calles, los manifestantes muertos, los asesinatos de los grupos parapoliciales, etc.). Esto es, la represión contra todo lo que pujaba por ir más allá de los pactos en curso.
Una de las falsificaciones históricas más flagrantes es la escenificación de un consenso fruto de “la libre cesión de las partes en beneficio de todos”, ocultando las circunstancias ─y la imposición─ que lo condicionaron. Ciertamente, tal consenso fue posible, en buena medida, por los límites y debilidades del movimiento opositor, incapaz de reventarlo o superarlo. El sector rupturista estuvo demasiado condicionado por el accionar de ETA, que incidía negativamente sobre amplias capas populares, temerosas de perder lo poco logrado. Sin olvidar que EE y ETApm,(3) en un giro espectacular, afirmaron que con el Estatuto todo era posible, es obligado recordar que el PNV, tras abstenerse frente a la Constitución, de cuya elaboración fue apartado, basculó decisivamente avalando la idea de que, si bien el Estatuto no era del todo satisfactorio, suponía un punto de avance que dejaba la puerta abierta a futuros desarrollos, incluida la posible incorporación de Nafarroa, caso de que así lo quisiesen sus habitantes.
Desde entonces, muchas cosas han cambiado, y algunas en un sentido que no era posible predecir. Mediante el Estatuto se han satisfecho ciertas aspiraciones y exigencias de la población (aunque en muy diverso grado), y en cierto modo ha ayudado a la estabilización del llamado Estado de la Autonomías (que se benefició de un contexto mundial y europeo en el que las aspiraciones de las izquierdas trasformadoras y los movimientos de liberación nacional sufrieron amplias derrotas a favor del neoliberalismo y el orden instituido), si bien no como se ha pretendido desde el Estado. Prueba de ello es que el llamado contencioso vasco se siga considerando irresuelto a escala estatal y, a escala vasca, se den confrontaciones periódicamente de diferente signo y calado: el proyecto de Lizarra-Garazi,(4) el plan Ibarretxe,(5) etc. A la vez que persiste la violencia política.
Hoy, el proyecto configurado en torno al Estatuto de Gernika está agotado. Ha dado todo lo que podía dar de sí y es defendido a ultranza sólo por los sectores que lo consideran inamovible (eso sí, convenientemente “loapizado”, esto es, rebajado según la teoría del “café con leche para todos”, donde se hace tabla rasa entre regiones españolas y naciones que no lo son, como Euskal Herria, Catalunya y Galicia), considerado, prácticamente, único marco de convivencia posible. Ciertamente su agonía puede prolongarse, sobre todo por la debilidad y división de sus detractores, y es difícil saber hasta cuándo. En la década de los 90, uno de sus pilares, el sindicato ELA, pasó al soberanismo, anunciando su finiquito y posibilitando la operación de Lizarra-Garazi. El PNV, que participó en dicha operación, cambió de tercio impulsando el Nuevo Estatuto de Ibarretxe, lo cual situaba al partido artífice del Estatuto en otra onda.
El nuevo gobierno, a pesar de su retórica ultraestatutista, además de ser incapaz de remozar su deterioro, contribuye a él con decisiones como el decreto sobre bilingüismo integral (que equipara al castellano con el euskara en la enseñanza) o al desvirtuar el concepto de Euskal Herria, recogido en el propio Estatuto, a aspectos puramente lingüísticos o culturales o con su obsesión por desalojar del panorama institucional a una parte minoritaria pero importante como es la izquierda abertzale.
Basta ver la foto de cumpleaños en Ajuria Enea para extraer la conclusión de que las representaciones ideológico-políticas que han quedado fuera de ésta no lo ha hecho sólo ni fundamentalmente por desavenencias con el gobierno de turno (que no suelen trasladarse a los actos protocolario-institucionales), sino por las discrepancias sobre el sentido y validez actual Estatuto de Gernika para satisfacer las aspiraciones mayoritarias de la CAV (que no están en absoluto reflejadas en la aritmética parlamentaria resultante de la Ley de territorios históricos y la Ley de partidos) y, sobre todo, como puente o catapulta para otros estadios y modos de relacionarse con el Estado español y la Unión Europea.
Lejos de atenuarse, las diferencias aumentan (otra cosa es cómo se traducen éstas en la actividad diaria y en escaños) entre los que entienden que el entramado institucional está ya acabado en lo fundamental, aunque quepan alguno retoques (en qué dirección sería otra cuestión) y los que se sienten frustrados porque ya no da más de sí y, además, cierra las puertas a cualquier proceso autodeterminativo, y no digamos de independencia, aunque sea por vías exclusivamente político-democráticas. El intento de trasformar el Estatuto desde sus propios mecanismos, realizado por el anterior lehendakari y que logró la mayoría parlamentaria, se estrelló en las Cortes madrileñas. La excusa: que no gozó del suficiente consenso dentro de la sociedad vasca. El nuevo Estatut de Cataluña reunía esa condición desde el punto de vista social e institucional, pero hay que ver cómo lo laminaron en Madrid. De ahí que la afirmación del lehendakari en el acto protocolario de Ajuria Enea de que el Estatuto de Gernika “no es un texto cerrado sino abierto” suene a pura retórica o justificación frente a la triste imagen que ha dado su 30º aniversario. Y cabe preguntarse, además, contando como cuenta sólo con el PP como apoyo, en qué dirección se daría dicha apertura, ya que, visto el balance de los seis meses de gobierno, cabe pensar lo peor.
¿CAMBIO, EN QUÉ DIRECCIÓN?
Se nos dijo que, a diferencia del gobierno de Ibarretxe, quien, según el PSE y PP, gobernaba sólo para la mitad de los vascos y las vascas, el de López gobernaría para toda la ciudadanía (típica falacia interclasista que parte de la falsa premisa de que lo es bueno para el patrón lo es para el marinero, para el obrero y el capitalista); que sería un gobierno transversal (sobre todo en lo relativo a los sentimientos de pertenencia nacional) y no sectario (o sea, no nacionalista vasco, que, por lo que se ve, es el único nacionalismo sectario). Nos dijeron también que, a diferencia del Gobierno presidido por Ibarretxe, abandonarían toda obsesión identitaria enfocando su quehacer según las necesidades ciudadanas. El resultado se nos antoja justo al contrario. El gobierno del PSE con el apoyo del PP es el gobierno más unilateral y sectario de todos los que hasta el presente hemos conocido (y en la serie incluiríamos al famoso bipartito PNV-PSE de la era Ardanza). El consenso logrado en materia presupuestaria no es contradictorio con esa realidad, pues los acuerdos en materia crematística llegan siempre a buen puerto, incluso en los momentos de mayor enfrentamiento político. Máxime en momentos de crisis económica. Y, desde luego, este gobierno es tan identitario como el anterior, sólo que en un sentido españolista. De hecho, el nuevo decreto sobre enseñanza que afecta al currículum en materia histórica, los símbolos de la Ertzaintza y la petición del Parlamento Vasco para que la selección española de fútbol y la Vuelta Ciclista a España vuelvan al País Vasco dejan claro cuáles son sus obsesiones identitarias y la importancia que les dan. De hecho, es en estos temas donde mas contundente y precipitadamente están trabajando.
Lo que Mayor Oreja no pudo, Patxi López lo está logrando. La reconquista de las Vascongadas por España, impulsada desde el gobierno central en la época de Aznar, está siendo llevada a cabo ahora, si bien “por otros medios y formas”. O, si se quiere, al estilo de aquella LOAPA iniciada a escala estatal tras el 23-F o tejerazo, sólo que desde dentro. Y, en vez de utilizar la palabra armonizar (o sea, café con leche para todas las autonomías), se trata de normalizar. Esto es, acabar con las reticencias hacia un Ejército en su momento cuestionado, por un movimiento de insumisos que tuvo en la CAV y la Comunidad Foral de Navarra su máxima representación, legitimado mediante la presencia del consejero del Interior en representación del Gobierno Vasco en el desfile anual del Día de la Hispanidad en Madrid. Y, por supuesto, apoyar la intervención humanitaria en Afganistán. Con lo cual resulta que hay violencias y violencias, humanitarias y destructoras. Y, por supuesto, como dirían los americanos, se trata de estar del lado de los buenos.
Normalizar supone que quienes son tan beligerantes con el etnicismo vasco celebran con toda la normalidad la fiesta de la Hispanidad (antes, de la Raza) y su epopeya colonial, la cual desarrolló a lo largo y ancho del mundo una profunda labor civilizadora, sin ánimo de lucro (o sea, sin cobrarse en metales preciosos, especias y sangre, sudor y lágrimas que alimentaron la acumulación primitiva del capital). Ya se sabe, lo mejor de lo vasco sale a relucir cuando se identifica con las gestas y la historia de España. El almirante Oquendo sería un ejemplo a seguir, el abuelo de Mayor Oreja, otro.(6)
Normalizar significa que desaparezca de las calles todo lo que ofende a las víctimas del terrorismo ─fotos de presos de ETA, eslóganes que reclaman que los ubiquen en las cárceles Euskal Herria, etc.─, si bien no parece que suceda lo propio con los símbolos de una dictadura que produjo decenas de millares de víctimas, cuyos recordatorios siguen tanto allí (el Valle de los Caídos) como aquí (en Iruñea, el Monumento a los Caídos y, en Bilbao, el escudo franquista del edificio del antiguo Sindicato Vertical) en todo su esplendor. Y, por supuesto, nada de ayudas a familiares de terroristas, los dineros son para las víctimas de bien.
Normalizar, a diferencia de lo que incluso en el propio Pacto de Ajuria Enea(7) se pretendía, supone apostar por la filosofía de al enemigo, ni agua. Esto es, combatir a ETA y, por extensión, a Batasuna mediante la pura vía policial. Según Rubalcaba y Ares, mientras ETA actúe, Batasuna no tendrá espacio legal, aunque se desmarque públicamente de la violencia política. Eso sí, a la vez que se intenta erradicar la presencia de las calles de la izquierda abertzale, éstas se llenan de policías y cámaras de videovigilancia…
Lo que debería ser anormal es normal también en los medios de comunicación públicos. Los cambios van mucho más allá de los llamados puestos de confianza política, afectando a profesionales que no cumplen al pie de la letra con los preceptos de la nueva doctrina. Los teleberris [nombre de los servicios informativos de ETB, la televisión pública de la CAV] son cada día más un calco de las ediciones estatales. Los debates, más monocordes. ¿Qué decir del cambio de mapa del tiempo, extendido hasta una parte de Aquitania, La Rioja y Cantabria, ironías de la cosa, configurando un mapa similar al del Reino de Navarra de los tiempos de Sancho el Fuerte?
Y normalizar significa ajustar a la baja la euskaldunización en la Ertzaintza, en la sanidad, etc., donde los ajustes van en el sentido de una menor exigencia del euskara. Veremos qué pasara con la propuesta de una enseñanza trilingüe…
En materia socioeconómica, tal como denuncia la mayoría sindical vasca, el nuevo gobierno, al igual que el anterior, trabaja a favor de la patronal, sólo que lo hace de forma más zafia. Está impulsando un consejo económico y social a la medida de la patronal, que deja fuera a mayoría sindical vasca; una oposición frontal a la última huelga general, decretando unos servicios mínimos draconianos; el rechazo a la iniciativa legislativa popular sobre el tratamiento de residuos sólidos; reducción o congelación de gastos sociales, que desde luego quedan por debajo de unas necesidades que aumentan por efecto de la crisis, mientras se mantienen en lo fundamental las grandes obras de infraestructura, las inversiones en desarrollo e investigación industrial privada, la Ertzaintza, etc. y endeudamiento, lo cual en principio es razonable si va en la línea exigida por las necesidades sociales, pero tras subir los impuestos a las grandes fortunas, a las empresas, etc. Cosa que no es así, sólo sube el IVA, o sea, la misma carga porcentual para el millonario y el pobre.
NOTAS de la Redacción:
(1) En el referéndum de 1978, el PSOE, UCD, AP, PCE-EPK y ORT pidieron el sí a la Constitución, cuyo texto eleva la unidad del territorio español a la categoría de principio previo al pacto constitucional y fundamento de éste al tiempo que encomienda al Ejército la tarea de defender dicha unidad. El PNV, ESEI, EMK, OIC, PTE (que en el resto del Reino de España propugnó el sí) y LAIAK solicitaron la abstención, mientras que EE, HB, LKI y el PCE (m-l) se decantaron por el no. Los resultados fueron de una abstención del 58,18% en Guipúzcoa (con un 62,59 % de votos afirmativos y un 31,05 de negativos), del 55,98% en Vizcaya (con un 21,59% de noes y un 70,96% de síes) y del 41% en Álava. En Navarra, la abstención fue de cerca del 34%. (2) Entre el 9 y el 16 mayo de 1977 hubo una semana de movilizaciones en todo el País Vasco por la extensión de los indultos parciales de los dos primeros gobiernos de la monarquía a una amnistía que incluyera a todos los presos políticos, que fue objeto de una represión policial especialmente cruenta. Así, además de causar numerosos heridos, la policía mató a tiros en la localidad guipuzcoana de Rentería al sindicalista ya jubilado Rafael Gómez el día 12, al vecino Gregorio Maritxalar, herido en el balcón de su casa el día 13 y muerto días después, al también sindicalista José Luis Cano en Pamplona (Navarra) el día 13, donde también moriría Luis Santamaría de un paro cardíaco por una carga de la policía el día 14. Este mismo día la policía mató en un control en Ortuella (Vizcaya) a Manuel Fuentes, mientras que en Bilbao Javier Núñez fue agredido por un policía y muerto posteriormente por las heridas infligidas por un grupo parapolicial cuando se dirigía a interponer la correspondiente denuncia. Asimismo, el 12 de julio de 1978, durante la jornada de huelga general en todo el País Vasco en protesta por la muerte a tiros por la policía del militante de la LKI Germán Rodríguez en Pamplona el 8 de julio y Joseba Barandiaran en San Sebastián al día siguiente, diversos policías saquearon varios comercios en Rentería. (3) En 1974 la organización ETA sufrió una escisión entre “político-militares” y “militares” a causa de divergencias en punto a la relación de la organización y la lucha armada con el movimiento de masas. Con motivo de las primeras elecciones pluripartidistas desde 1936 en España, las organizaciones de la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) y diversos partidos de extrema izquierda prepararon una candidatura con el nombre de Euskadiko Ezkerra, si bien las disensiones entre los grupos que la apoyaron inicialmente a causa de la no legalización de todos los partidos y la ausencia de amnistía total antes de la fecha de las elecciones (15 de junio de 1977) provocó que EE sólo contara con el sostén de EIA (partido apoyado por ETApm) y EMK. A partir de la creación de otra coalición de izquierda abertzale en abril de 1978 (Herri Batasuna), de carácter más radical y de mucha mayor implantación social y electoral, EE se escoró hacia posturas cada vez más institucionalistas, hasta su fusión en 1993 con el referente del PSOE en la CAV, mientras que ETApm se disolvió a principios de los años ochenta (si bien parte de su militancia ingresó en ETAm). (4) Acuerdo suscrito en Estella (Navarra) el 12 de septiembre de 1998 por, entre otros, las organizaciones políticas PNV, HB, EA, IU-EB, Zutik, Batzarre, así como por ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e Hiru (la llamada mayoría sindical vasca), que constataba la existencia de un “conflicto histórico de origen y naturaleza políticos” en el País Vasco y proponía “un proceso de diálogo y negociación abierto, sin exclusiones” que posibilitara “marcos abiertos donde puedan tener cabida las aspiraciones de soberanía de las ciudadanas y ciudadanos de Euskal Herria”. Tres días después de la firma del acuerdo ETA declaró una tregua indefinida y se abrió un proceso de colaboración entre los partidos firmantes del acuerdo, frustrado por la actitud saboteadora del Ministerio del Interior español, a la sazón en manos del PP, y por la ruptura de la tregua por parte de ETA. (5) Propuesta de un nuevo Estatuto político para la comunidad de Euskadi aprobado por el Parlamento de la CAV en 2005, que preveía la constitución de ésta en estado asociado al Reino de España. (6) Alusión a las declaraciones del cabeza de lista del PP a las pasadas elecciones al Parlamento europeo, Jaime Mayor Oreja, en las que éste se ufanó de que su abuelo hubiera prohibido el uso del euskera en su familia. (7) “Acuerdo para la normalización y pacificación de Euskadi”, suscrito el 12 de enero de 1988 por el PNV, PSE-PSOE, AP, CDS, EE y Eusko Alkartasuna, con el objetivo de adoptar una estrategia de contrainsurgencia unitaria entre los partidos institucionales, si bien su punto décimo declaraba que los partidos firmantes eran partidarios “de una solución dialogada a la violencia” entre “las autoridades competentes del Reino” y “los que decidan abandonar el terrorismo”.
Joxe Iriarte Bikila es militante de Zutik
Hika, 212, noviembre 2009