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Josu Ugarte Director de la ONG Bakeaz

El Observatorio Zoomrights, de Bakeaz -la ONG dirigida por Josu Ugarte- y la Fundación Fernando Buesa, incidirá en la reparación de las víctimas del terrorismo y las acercará a las instituciones internacionales, pero sin olvidar a los ‘verdugos’ que también han padecido la lacra de la violencia.     Alberto Abaitua – Lunes, 2 de Mayo de 2011 –

Hace casi dos décadas una serie de personas vinculadas a la universidad, al ámbito del pacifismo, los derechos humanos y el medio ambiente alumbraron Bakeaz, una organización no gubernamental que proporciona criterios para la reflexión y la acción cívica. Ahora se enfrentan, junto a la Fundación Fernando Buesa, al reto de impulsar un observatorio que acerque las víctimas del terrorismo a las autoridades internacionales.
¿Cómo se consigue devolver la dignidad a las víctimas?
Haciendo justicia.
¿No cree que eso que demanda se está haciendo?
Hay muchas lagunas. Hay muchos casos sin resolver, juicios que no se han podido celebrar, simplemente, porque no se ha podido detener a los responsables de ETA. Habría que intentar conocer los causantes de decenas de casos que no han podido ser juzgados. También sucede lo mismo con casos de víctimas de la extrema derecha y del GAL. Y toda persona tiene derecho a que se haga justicia y a que se aplique la ley con igualdad. En segundo lugar, hay que reconocer a la víctima y reparar el daño causado. Obviamente, la reparación del daño le corresponde en primer lugar al victimario, el que ha roto la vida de esa persona o de sus familiares. La petición de perdón sería el ejemplo máximo de reparación y posibilita a la víctima que decida si perdona o no, aunque no tiene ninguna obligación y es una decisión personal. También al Estado le corresponde reparar, ya sea con ayudas económicas, facilidades de algún tipo, ayuda psicológica y jurídica, un cúmulo de cosas que afortunadamente la Administración ha ido facilitando. La verdad y la memoria completan esta lista. Es necesario afrontar en toda su complejidad el fenómeno de la violencia terrorista y las dinámicas generadas en torno a ella, es otro componente. El conocimiento de lo que ha ocurrido debe ser accesible para todos. Y el objetivo es conocer lo que ha pasado para que no suceda nunca más.
Esta iniciativa alberga también a los miembros de ETA que han sufrido abusos. ¿Teme que las víctimas de acciones de la banda interpreten este paso como una equiparación de ambos grupos?
Ninguna víctima de ETA puede dejar de comprender que una persona, independientemente de su condición, de su catadura moral y de sus delitos, puede ser objeto de una agresión de tal carácter que le lleve a morir o a quedar herida. El ojo por ojo y diente por diente es algo que inicialmente puede estar presente en cualquier ser humano ante una agresión a nosotros o a nuestras familias. La primera reacción puede ser de odio extremo y de un deseo de venganza tal de desear la muerte del otro. Incluso desearíamos provocar nosotros ese daño. Pero ese deseo de venganza se supera. Incluso se habla de la posibilidad de perdonar al victimario si reconoce el daño causado y, sobre todo, si pide perdón.
Puede que no desee su muerte, ¿pero cómo asume que su victimario, en su condición de víctima, también reciba ayudas?
Una víctima que ha sido victimario tiene que penar por el delito que ha causado, pero como víctima tiene derecho a algunas ayudas y a que se haga justicia. Hay que entender que esa persona en su condición de víctima tiene iguales derechos y hay que aplicarlos.
Parece que la clave reside en ese «hay que entender» que usted acaba de pronunciar. Supongo que lo dice porque es complicado que todo el mundo lo entienda.
Es complicado porque es difícil que hayan superado su drama personal. Es un proceso complicado desde su perspectiva personal. Dentro de los colectivos de víctimas, que son muy diversos, hay colectivos muy politizados y muy extremos en sus visiones, no abogan por responder con la violencia pero sí piden un endurecimiento de las penas de cárcel, etc. Pero existen muchos más por toda la geografía española que no opinan de esa manera y que están de acuerdo con que se aplique la justicia. Es un aprendizaje personal y colectivo, y no sólo de las asociaciones de víctimas sino del conjunto de la sociedad. No sólo es el hecho de que una víctima de ETA acepte que una víctima-victimario sea vista en su condición de víctima, sino también el resto.
¿Desde Bakeaz han constatado en la sociedad vasca una evolución en este aspecto?
Si en otra época, en los años 80, con una elevada actividad de ETA, se hubiese celebrado un referéndum para aplicar la pena de muerte o la cadena perpetua, seguramente, hubiera vencido, y eso habría supuesto un retroceso.
¿El observatorio llega ahora porque parece vislumbrarse la recta final del terrorismo en Euskadi o hubiera sido posible también en otra época?
Sí. Para cualquier cuestión compleja deben darse las condiciones suficientes: que haya una reflexión social madura, que haya una capacidad de comprensión de estas cuestiones y que haya facilidades desde las instituciones para que este tipo de apuestas tengan éxito. Las condiciones de madurez han existido hace muchos años en algún sector social. Ha habido varios colectivos, por ejemplo Gesto por la Paz, que han sido clave en la dinámica de concienciación social y política frente a la violencia terrorista; colectivos de investigación o personas que desde el pensamiento universitario desde la propia sociedad han contribuido con su reflexión a que esto que parece ahora normal sea normal.
¿Enfoca esta iniciativa como un paso más en relación al reconocimiento de las víctimas o un punto de inflexión con respecto a lo que se ha logrado hasta ahora?
Sería pedante por nuestra parte pensar que es un punto de inflexión. Se han ido creando las condiciones a lo largo de varias décadas. Ha habido avances y retrocesos, pero en términos generales, avances importantes. Hay un debate muy rico, difícil a veces, que está muy presente. En definitiva, una mayor madurez para favorecer estas cuestiones.
Bakeaz ha sido un firme defensor de la presencia de las víctimas en las aulas para que den su testimonio a los escolares.
Somos los principales impulsores de ese debate, los que más hemos reflexionado sobre eso y los que más hemos defendido esa forma de acercamiento de la problemática de las víctimas. Entendemos que el conocimiento del testimonio directo de las víctimas es una forma muy fecunda de responder ante el acercamiento de cualquier forma de victimación. Cuando se analiza el problema de la violencia de género, la forma de acercamiento a ese problema es muy variada. Se puede acercar ese problema a través de relatos, películas y también a través del conocimiento directo de cómo lo percibe, cómo le ha afectado a la vida de una víctima. Siempre y cuando la víctima tenga las condiciones para aportar su testimonio, para que sea fecundo pedagógicamente.
¿Qué condiciones son?
Debe haber superado su duelo, que no desee aplicar el ojo por ojo y diente por diente a quien le ha hecho sufrir tanto. Debe ser capaz de explicar con serenidad y tener capacidad pedagógica. Estas condiciones son igualmente aplicables a una víctima que ha perdido un brazo por una mina terrestre, a una víctima de la bomba atómica en Hiroshima o a una víctima del terrorismo.
En estos momentos ETA ha decretado un alto el fuego permanente, general y verificable ¿Está cerca el final del conflicto vasco, la ansiada paz?
Creo que no. No está cerca, sobre todo, una paz que sea justa, superadora de la violencia directa o visible, y de la violencia invisible que tiene que ver con los discursos políticos, con la conciencia social, con la justificación de esa violencia terrorista. En ese sentido soy muy pesimista. Cuando los discursos políticos y la conciencia social dominante sean capaces de condenar de forma nítida y radical la violencia terrorista, entonces hablaremos de la superación de la violencia terrorista.
¿Por qué lo dice?
La violencia terrorista en Euskadi no es ajena a una historia muy larga en el plano de las corrientes políticas, en el plano de las actitudes propicias a emplear la violencia para la consecución de determinado partido político. Aquí se ha discutido muy poco y se ha condenado muy poco la relación entre los fines y los medios. Somos una sociedad moderna y paradójicamente estamos anclados en el pasado y somos incapaces de comprender aspectos clave del funcionamiento del sistema democrático: un sistema que se basa en el rechazo, la condena y la persecución de la violencia ilegítima de colectivos que actúan políticamente para conseguir determinados fines. La violencia terrorista es incompatible con el sistema democrático.

Por Mariefi, Fermín y Mª José Pérez Elexpe, * Hermanos de Víctor Manuel – Miércoles, 4 de Mayo de 2011 –

VIENE a decir la teoría freudiana que, según el principio del placer, los seres humanos tendemos a satisfacer nuestros deseos de una forma inmediata, no realista y alucinada; pero que, contrapuesto al principio del placer, actúa el principio de realidad, según el cual las personas debemos posponer o sustituir los deseos inmediatos en función de las presiones de la realidad, con la finalidad de conseguir la adaptación y la supervivencia del sujeto. Nos recuerda que la insistencia en el deseo de satisfacer de forma inmediata los deseos puede hacernos la vida imposible, que hay que dar rodeos y aplazar el logro en función de las condiciones ambientales.
En la última reunión que hemos tenido los hermanos de Víctor Manuel Pérez Elexpe, con algunos miembros de la Dirección de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, se nos recordó que en política hay un principio fundamental: el principio de realidad. No hacía falta que nos lo recordasen. Siempre lo hemos tenido, y lo seguimos teniendo, muy presente.
Ya han pasado más de treinta y seis años desde que Narciso San Juan, cabo de la Guardia civil, asesinara a nuestro hermano la mañana del 20 de enero de 1975. Hoy, 4 de mayo de 2011, Víctor hubiera cumplido 60 años. Narciso, representante del Estado terrorista, aunque no solamente él, nos impuso una nueva realidad, continuamente presente y que condiciona nuestras vidas: Una vida aniquilada, un proyecto de vida frustrado, una familia destrozada. No somos los únicos; el grupo de los damnificados por el terrorismo de Estado es amplio.
Hemos pasado más de treinta y seis años invocando a la Justicia. Durante el franquismo, el posfranquismo o incipiente democracia española, la respuesta fue el sobreseimiento del caso, con la consiguiente humillación. Durante el felipismo, época en que en nuestra familia anidó una pequeña esperanza de poder reivindicar la memoria de nuestro hermano, el resultado fue el ninguneo y la frustración. Con la victoria de Rodríguez Zapatero se abrieron nuevas esperanzas. Se aprobó la descafeinada Ley de Memoria Histórica y nuestro hermano fue reconocido como víctima del franquismo. Una gran victoria para algunos. Motivo de satisfacción para otros. Muy insuficiente para la familia.
¿Qué significa ser víctima del franquismo? Significa recibir una indemnización económica y un documento firmado por el Ministro de Justicia donde se dice que la víctima murió en defensa de los valores democráticos. Y se acabó. Es decir, una palmadita en la espalda y un ¡no pidáis más!, ¡no molestéis más, que ya tenéis lo que os merecéis! Eso significa. Solamente eso.
Y como respuesta a nuestra desilusión por lo insuficiente de la ley y por la situación de discriminación con respecto a las víctimas oficiales del terrorismo, y ante nuestra insistencia en que nosotros, la familia, queremos el reconocimiento institucional público, la visibilidad como víctima, la reparación integral, la no prescripción del delito, el juicio al asesino y sus cómplices, el amparo judicial, la verdad judicial, la asunción de responsabilidades por parte del Estado… Ante nuestra pretensión de que los hermanos queremos que Víctor sea reconocido como víctima de terrorismo de Estado, desde la Dirección de Víctimas del Terrorismo se nos ha recordado el principio de realidad.
No sabemos si esa Dirección estaba y está preocupada por nuestra salud mental. Quizá les diésemos la impresión de ser unos inadaptados sociales que vivimos fuera de la realidad. ¿No creen ustedes, miembros de la Dirección de Víctimas, que el haber elegido el camino de la Justicia es un rasgo inequívoco de fortaleza mental? ¿No les parece a ustedes que, si ante la dejación y manipulación de las Justicia, hubiéramos entrado en el juego que la nueva realidad que Narciso San Juan nos impuso y hubiésemos querido satisfacer nuestros deseos mas primarios no nos habría resultado nada difícil conseguirlo? Quizá de haberlo hecho no hubiera muerto nuestro hermano pequeño.
Nosotros, en cambio, elegimos el rodeo, el largo recorrido, el camino de la Justicia, que nada tiene que ver con la venganza. Pero la Justicia nos abandonó entonces y nos sigue abandonando hoy.
Dígannos, por favor; ¿será que vamos demasiado rápido en nuestras peticiones al Gobierno y a la Justicia? ¿Serán desmesuradas y fuera de toda lógica? ¿Quizá no ha transcurrido el tiempo suficiente como para que reivindiquemos la memoria de nuestro hermano Víctor? ¿Harán falta más de treinta y cuatro años, tiempo transcurrido desde que España es oficialmente un Estado Social y Democrático de Derecho, como para que se asuma que nuestro hermano -como otros muchos- es una víctima del terrorismo de Estado y se actúe en consecuencia?
¿Qué nos están insinuando? Sospechamos que nos quieren decir que la realidad sociopolítica española, mediatizada principalmente por el PSOE y el PP y por los poderes que de estos partidos emanan se va deslizando hacia el olvido y que la mayoría prefiere mirar a otra parte. Que les resultamos incómodos y molestos.
¿Por qué no sugieren desde la Dirección de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco al PSOE y al PP que, en Euskal Herria, muchas de las víctimas de sufrimientos indebidos y de violaciones de Derechos Humanos en un contexto de violencia política somos víctimas de terrorismo de Estado, sin eufemismos, y que estamos esperando a ser reconocidos como tales? ¿Cuándo van a asumirlo?
Es verdad que nuestras esperanzas y anhelos han chocado una y otra vez con la realidad y, que según parece, seguirán chocando. Eso lo tenemos asumido y lo tenemos en cuenta. Pero resulta muy significativo y decepcionante que un representante de la Dirección de Víctimas del Terrorismo, sensible según dice al dolor de las víctimas, nos sugiera sutilmente que, teniendo en cuenta el principio de realidad en política, nos olvidemos de nuestras exigencias legítimas y que renunciemos a nuestras pretensiones de que el Estado español considere a nuestro hermano como víctima del terrorismo de Estado. Es decir, que por este camino no vamos a conseguir nada.
¿Cuál es la realidad que debemos asumir las «víctimas de vulneraciones de derechos humanos y sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política» en aras a una equilibrada salud mental? ¿La dejación de nuestros derechos? ¿La discriminación y el olvido?

http://www.deia.com/2011/05/04/opinion/tribuna-abierta/el-principio-de-realidad-y-las-victimas-del-terrorismo-de-estado

Para discutir en derecho consecuencias sancionatorias, privación de derechos, no basta con intenciones, ni planes, ni aquel dijo o este piensa… Se necesitan hechos, no lecturas de intenciones subjetivas e impropias de ser objeto de un proceso judicial
Por Jon-Mirena Landa Gorostiza, * Profesor Titular de Derecho Penal de la UPV-EHU y exdirector de Derechos Humanos del Gobierno vasco – Miércoles, 4 de Mayo de 2011 –

HAY un aspecto de la sentencia sobre Bildu que debe ser resaltado pues es, a mi juicio, el meollo del problema: ¿Quién es el que tiene responsabilidad penal o merece ser sancionado: el que hace o el que dice? En cualquier Estado democrático hay un principio fundamental del derecho penal que se aplica en todo el ordenamiento jurídico y a toda posible sanción de la naturaleza que sea: cogitationes poena nemo patitur (el pensamiento no delinque). Cuando de establecer sanciones o penas se trata, el punto de partida fundamental es qué se ha hecho y no qué se dice o piensa: debe probarse, antes que nada, que alguien ha cometido una lesión de algún bien jurídico fundamental y solo a partir de esta base fáctica cabe preguntarse por las intenciones del sujeto. Los hechos, sin duda, están sujetos a interpretación, pero sin hechos perdemos el suelo sobre el que sustentar un proceso penal o sancionatorio con garantías. Si los castigos, llámense penas, llámense restricciones de derechos vía ley de partidos, llámense sanciones… no se asientan en una base de hechos firme, la arbitrariedad sustituye a la justicia y la actuación legítima del Estado como detentador del monopolio de la violencia deviene ilegítima.
Por ello, cuando se lee la sentencia del Tribunal Supremo sobre Bildu en la que aparece una vez sí y otra también que dicha coalición es un instrumento de ETA-Batasuna, una vía para dar entrada a un fraude de sustitución de un partido ilegal, mi pregunta es: ¿Sobre la base de qué hechos? Los informes policiales hechos llegar a la Fiscalía General del Estado y a la Abogacía del Estado por decisión del Gobierno de España, aseguran que Bildu era un plan de ETA. A ETA le parecería bien -lo dan por probado- que Bildu se cree. Documentos de ETA o de miembros individuales de Batasuna, recortes de periódicos, entrevistas en prensa, e incluso conversaciones privadas de estos con sus cónyuges (por ejemplo, en el caso de Arnaldo Otegi) además de los porcentajes de presencia de independientes son la base fáctica de la que se deduce que dichos independientes no son tales, sino un desembarco organizado, preparado y controlado por ETA-Batasuna para sustituir a esta última en el proceso electoral en ciernes. ¿Debe deducirse de ello que ETA tiene la capacidad de determinar el espacio de lo prohibido y lo no prohibido en función de lo que diga?
Pongamos algún ejemplo. Supongamos que ETA diseña una estrategia dirigida a promover el txistu y las excursiones al monte como signos de identidad de Euskal Herria e invita públicamente a su práctica. ¿Deberían entonces los vascos/as -supongo que solo los vascos/as y no otros ciudadanos/as- dejar de ir al monte o de tocar al txistu para poder, en su caso, no ser acusados de «contaminación»? Resulta evidente que los ejemplos son extremos pero, entonces, si se prefiere, cámbiese el txistu o el monte por la desobediencia civil pacífica y recuérdese que no hace mucho ciudadanos -que resultaron finalmente absueltos- tuvieron que hacer frente a años de procesos judiciales e incluso meses de cárcel en el macrosumario 18/98 porque, al parecer, seguían, sin saberlo por cierto, la consigna de ETA.
Lo señalado hasta ahora persigue subrayar un punto fundamental: para discutir en derecho consecuencias sancionatorias, privación de derechos, no basta con intenciones, ni planes, ni aquel dijo o este piensa… Se necesitan hechos, no lecturas de intenciones subjetivas e impropias de ser objeto de un proceso judicial. Sin equilibrio entre hechos e intención hablamos de política. Si lo que dice ETA, o lo que dicen que dice ETA o este o aquel miembro de Batasuna es la clave; si las meras relaciones y conversaciones con miembros de Batasuna bastan para contaminar, basta que ETA hable para que el ámbito de lo prohibido se pueda ampliar o el espacio de la libertad achicar. Si la ausencia de una base objetiva es total, sobre ese vacío no cabe un proceso sancionador justo. Y este es el quid de la cuestión cuyo pecado original, permítaseme la expresión, es la Ley de Partidos.
La Ley de Partidos nació para complementar al Código Penal y poder perseguir las conductas de apología delictiva que, por su naturaleza, generan problemas de legitimidad en un Estado democrático. Alabar, justificar delitos, menos aún a sus autores, es un ámbito de actuación que resulta muy difícil de aprehender por el derecho penal sin, a la vez, herir de muerte a la libertad de expresión y su función de clave de bóveda de la democracia. Y por eso todo ese conjunto de conductas se llevaron como indicios al artículo 9 de la Ley de Partidos. La Ley de Partidos se basa, así, en las «palabras al límite» para sancionar la desafección e incluso el combate antidemocrático. La Ley de Partidos es la puerta de atrás que ahora, sin embargo, se ha convertido, de hecho, en el gran pórtico por el que se despacha con aterradora celeridad la sanción gravísima de privación de derechos electorales de cientos de candidatos y se compromete el ejercicio del derecho fundamental a la participación política de miles de ciudadanos y ciudadanas de este país. ¿Pero sobre qué base? ¿Qué hace Bildu además de «tener relaciones» con personas? Condenan la violencia y tienen un programa de actuación política «neutro», no lesivo de ningún bien jurídico en términos objetivos y, por tanto, libre le parezca bien o mal a dios o al diablo.
Los indicios para ilegalizar eran al principio el discurso -las palabras- de connivencia implícita o explícita con la violencia terrorista. Más tarde, siguiendo la pendiente resbaladiza, no ya la adhesión a la violencia, sino una omisión, la no condena, era indicio que ganaba centralidad. La doctrina probatoria se deslizaba cada vez más de los hechos a las nudas palabras: quien complementa con el discurso político -no ya con hechos delictivos concretos- no participará en las elecciones era el mensaje. Con la sentencia de Bildu ya ni siquiera son las propias palabras -que no los hechos- sino la palabras de otros, las de ETA, las que deciden de qué estamos hablando. Porque, al parecer, ETA tiene una estrategia ¿esta tiene la fuerza jurídica y probatoria para disolver la autonomía de decisión de cientos de candidatos independientes? Bildu y sus candidatos, todos ellos, niegan expresamente su complementariedad. Pero no vale: ETA nos dice la verdad y esta, en términos probatorios, se impone. ¿Debemos entender que hasta que ETA desaparezca el pasado es futuro y nadie tiene derecho a cambiar de opinión, aunque lo diga? La sentencia llega al absurdo de afirmar que ETA promueve su condena como una táctica para impedir la ilegalización de Batasuna: o sea, ya no las palabras, sino, al margen de su significado, el fraude que estas «revelan» -un nuevo salto- es la base de sanción.
La Ley de Partidos, su interpretación por el Tribunal Supremo, ha abierto y agrandado un agujero negro que absorbe y tritura los derechos humanos, laminando la democracia. A mí al menos me queda, como jurista, una esperanza: que el Tribunal Constitucional (o en su caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), guardián de los derechos fundamentales, tape el agujero y repare el daño causado.

http://www.deia.com/2011/05/04/opinion/tribuna-abierta/eta-al-parecer-dice