Comunicado de prensa de AI
25 octubre 2012
http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/advertencia-paises-ue-no-golpear-manifestantes-2012-10-25
Personas que se manifestaban pacíficamente en países de la Unión Europea han recibido golpes y patadas, han sido rociadas con gas lacrimógeno y han sido alcanzadas y heridas por proyectiles de goma; sin embargo, no se investiga ni castiga el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.
A través de relatos personales procedentes de Grecia, España y Rumania, el documento de Amnistía Internacional titulado Actuación policial en las manifestaciones en la Unión Europea pone al descubierto el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y periodistas, las detenciones arbitrarias y la obstrucción del acceso a la asistencia médica, y pide a los gobiernos que investiguen estas violaciones de derechos humanos e impidan su comisión.
“Sí, la policía es responsable de proteger la seguridad y el orden públicos. Pero también tiene la obligación de garantizar que todas las personas que residen en su territorio pueden ejercer el derecho de reunión pacífica”, ha señalado Fotis Filippou, coordinador regional de campañas de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
“Los gobiernos deben dejar claro y reiterar que los agentes de policía no pueden recurrir a la fuerza si no es estrictamente necesario. Deben aprobar directrices estrictas sobre el uso de material antidisturbios potencialmente letal, como pulverizadores de pimienta y gas lacrimógeno, cañones de agua y balas de goma.”
“Ante la celebración de otras manifestaciones contra las medidas de austeridad aprobadas en países de la Unión Europea, los gobiernos deben dejar claro a sus fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley que no se tolerarán los abusos, que todas las denuncias sobre brutalidad policial serán debidamente investigadas y que se obligará a los responsables a rendir cuentas.”
Ni Yiannis Kafkas en Atenas en mayo de 2011, ni Ángela Jaramillo en Madrid en agosto de 2011, ni Andrei Ristache y su padre, Augustin, en Bucarest en enero de 2012 representaban una amenaza para la policía u otras personas cuando fueron brutalmente golpeados por agentes de policía; todos ellos necesitaron tratamiento médico a causa de los golpes.
El periodista Manolis Kypreos sufrió pérdida total de audición en ambos oídos cuando, mientras cubría la información sobre una manifestación en Atenas en junio de 2011, la policía arrojó contra él una granada paralizante.
En agosto de 2012, la policía empleó gas lacrimógeno y, según informes, disparó balas de goma y otros proyectiles de impacto contra manifestantes pacíficos que se oponían a unas operaciones de extracción de oro en el norte de Grecia. Según la información disponible, el 21 de octubre de 2012, la policía antidisturbios cargó contra manifestantes de todas las edades que se habían concentrado pacíficamente en el exterior de la localización en la que se han previsto las extracciones auríferas. Conforme a los testimonios recibidos, la policía arrojó agentes químicos irritantes en el interior de los vehículos de los manifestantes cuando intentaban huir. Una mujer de 63 años de edad relató a Amnistía Internacional que un policía antidisturbios la sacó a rastras de su automóvil, la obligó a arrodillarse y la pisoteó con las botas el tobillo izquierdo ocasionándole la lesión de un nervio de la pierna.
Paloma, periodista que cubría una manifestación de mineros celebrada en Madrid en julio de 2012, fue alcanzada por una bala de goma cuando la policía intentó dispersar la protesta, en gran medida pacífica. El año anterior, un agente de policía la había golpeado con una porra durante una manifestación en Madrid contra el visita del Papa. Presentó denuncia, pero el caso fue archivado al no poder ser identificado el agresor.
El 9 de octubre de 2012, en una carta dirigida al ministro del Interior de España, Jorge Fernández, Amnistía Internacional planteó sus motivos de preocupación en relación con el uso de la fuerza y de equipamiento antidisturbios por parte de la policía, especialmente el día 25 de septiembre, cuando policías sin identificar golpearon con porras a manifestantes pacíficos, dispararon contra ellos balas de goma y amenazaron a periodistas que cubrían los hechos.
“La policía, que a menudo es el brazo más visible del Estado, tiene que caminar sobre la delgada línea que separa la protección del derecho a la libertad de reunión del mantenimiento del orden público. Puede conseguirlo si, en sus labores de control de las manifestaciones, respeta las normas internacionales y las directrices sobre buenas prácticas existentes”, ha afirmado Filippou.
En las manifestaciones, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley…
DEBEN:
facilitar las reuniones públicas pacíficas evitando el uso de la fuerza y protegiendo a los participantes de individuos o grupos violentos más reducidos;
calmar situaciones tensas o violentas y entablar comunicación con organizadores y manifestantes antes de la operación y en su transcurso;
reducir al mínimo los daños, respetar y preservar la vida y proteger a las personas que no participen en la protesta;
no ejercer las facultades policiales de detener y poner bajo custodia si no es con fines legítimos;
usar la fuerza en la medida estrictamente necesaria, y sólo cuando el uso de medios pacíficos o menos violentos haya fracasado o no permita conseguir los objetivos legítimos;
considerar detenidamente el material policial y de seguridad utilizado para dispersar reuniones con arreglo a los principios de necesidad, proporcionalidad y legitimidad, ya que las balas de goma, el gas lacrimógeno, las granadas paralizantes y otros materiales que suelen considerarse “menos letales” pueden causar lesiones graves e incluso la muerte;
prestar asistencia médica sin demora a todas las personas que resulten heridas;
garantizar que los agentes son identificables, sobre todo en las operaciones de orden público;
examinar siempre el uso de la fuerza en una reunión pública y, si procede, investigar e imponer sanciones disciplinarias o penales.
NO DEBEN:
utilizar en ningún caso escopetas u otras armas de fuego para dispersar multitudes;
emplear porras u otros materiales de impacto contra personas que no representan una amenaza ni han demostrado agresividad;
usar sustancias químicas irritantes como gas lacrimógeno cuando los manifestantes están confinados en una zona, o de manera que puedan causar lesiones duraderas.
El documento completo en pdf aquí:
http://www.amnesty.org/es/library/asset/EUR01/022/2012/es/1ce3a468-55df-4e85-8200-7881076b5204/eur010222012es.pdf