La indignación de un sector de la sociedad, la oposición de colectivos sociales y partidos políticos, las recomendaciones de los órganos consultivos y el trámite parlamentario han logrado pulir en parte el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana aprobado por el Gobierno en noviembre de 2013. Los castigos por manifestarse ante el Congreso se han reducido drásticamente, interrumpir un mitin político ya no aparece entre el listado de faltas, así como los confusos “ultrajes” a la bandera y a España.
Sin embargo, han sido cambios insuficientes para que sus detractores dejen de llamar ley mordaza al texto aprobado en el Congreso con solo los votos del Partido Popular. De cumplirse las promesas de la oposición, la ley tendrá de vida lo que dure el actual Gobierno conservador.
Guía definitiva para manifestantes bajo la Ley de Seguridad Ciudadana.