Mario Zubiaga y Sabino Ormazábal
Finales de los noventa. Estamos en la tregua de Lizarra-Garazi y en los momentos
previos y posteriores a la misma. La desobediencia civil es una propuesta
de debate y una práctica política en alza en Euskal Herria.
Propuesta de debate, porque cada vez más sectores de los movimientos sociales
y políticos vascos así lo demandan. Varios medios de comunicación ponen el
tema a discusión, entre ellos el cerrado Egin, que da espacio a medio centenar de
artículos en su página de debate. Se editan monográficos sobre desobediencia civil
en publicaciones como Bake hitzak (de Gesto por la Paz), Hika, Ezpala, Elkarri
o Herria 2000 Eliza. Se organizan mesas redondas públicas. Se habla de
una “segunda transición”. De una nueva situación. La desobediencia civil resulta
ser uno de los tres principales temas solicitados por grupos sociales de todo tipo
para ser analizado en las dos primeras jornadas de movimientos sociales, en
mayo de 1999 y 2000. Aparece este concepto en los análisis de grupos políticos
como Zutik, Batzarre, EA, ERC, EH… y después Aralar.
Propuesta práctica, porque a las experiencias históricas de la confrontación antinuclear
(impago del recibo de luz, boicot de los trabajadores portuarios a desembarcar
material para la central de Lemoiz…) y de la insumisión victoriosa al
servicio militar obligatorio, se fueron uniendo otras realidades desobedientesrelacionadas con el soberanismo, el ecologismo (Itoiz, impago para la consecución
de una autopista sin peaje…), el empleo del euskera en el ámbito judicial, de apoyo
y alojamiento a los “sin papeles”… Son varias las campañas fomentadas desde
los Demo, ABK, Desobedientzialariak, Zuzen, Solidarios… grupos que en su mayoría
surgen esos años, mientras que aún siguen activos algunos grupos antimilitaristas,
como KEM-MOC y Kakitzat.
La imaginación se compagina con la audacia cuando sesenta personas se ponen a
jugar una partida de mus en plena vía férrea (serán todas ellas detenidas), se disfrazan otras de “Giraldilla” reivindicativa y se suben al tablado de los Mundiales de
Atletismo de Sevilla en 1999 ante millones de telespectadores o se cuelan con la
bici y sus correspondientes maillots amarillos y de la montaña en una etapa pirenaica
del Tour, mientras que los Demo se traen de Pau los 21 sillones correspondientes
a los electos vascos en el Consejo General de los Pirineos Atlánticos.
Fin del primer capítulo. La tregua de Lizarra-Garazi se rompe. En octubre de
2000, Aznar, Mayor Oreja y Garzón cortan de raíz el pujante árbol de la desobediencia
civil, activando la operación “Itzali” (apagar) y deteniendo a una decena
de personas relacionadas con la Fundación Joxemi Zumalabe, ABK y Bai Euskal
Herriari. A las mismas se les acusa de pertenecer y colaborar con ETA en una supuesta
“estrategia de desobediencia civil para subvertir el orden constitucional”.
La reacción social en Euskal Herria ante estas detenciones es importante. Se convoca
una rueda de prensa en pleno Paseo de la Concha de San Sebastián, poniendo a
la vista todo el “arsenal mortífero” que utiliza la Fundación (actas, libros, carteles, revistas…) con el respaldo de decenas de agentes sociales alrededor del “peligroso”
material incautado. Mil setecientas personas se dirigen a los juzgados y firman en
ellos una autoinculpación en la que dicen que han hecho y hacen lo mismo que las
personas detenidas, además de que las consideran presos de conciencia. Una multitudinaria manifestación, de las mayores reunidas jamás en Donostia, recorre las calles a los pocos días. Un nuevo equipo se incorpora al patronato de la Fundación.
La desobediencia civil se pone en boca de más sectores sociales. Muchos amagan,
sin más, mientras que unos pocos se esfuerzan en encontrar caminos eficaces
en diversos ámbitos. De estos años son, por ejemplo, las numerosas parodias
y actividades de los Demo en pro del bilingüismo en los servicios de la compañía
ferroviaria francesa CSNF, las escaladas a los muros carcelarios, el simulacro de
autodeterminación custodiado por boinas azules de la ONU que garantizan su libre
ejercicio en tierras vascas… Urnas y música ante imposición y uniformidad.
A su vez los debates continúan entre aquellos núcleos que, por una parte, consideran
que es posible entender la práctica desobediente como un cajón en el que
puede entrar de todo, y aquellos otros que no consideran compatible complementar
estrategias diferentes, ni siquiera por la puerta de atrás. La opción por una desobediencia estrictamente civil, es, por su coherencia, la que ha mantenido una
línea más clara y continuada en el tiempo. No en vano, las posturas pretendidamente
más radicales han provenido muchas veces de personas que nadie conocía
en el ámbito de los movimientos sociales vascos.
Sin embargo, más allá de estos debates, el daño ya estaba hecho. Desde el Estado
se logra inculcar el miedo en los sectores sociales que apostaban por el activismo
civil: numerosos organismos y personas aparecen citados en el auto judicial contra
la Fundación Zumalabe (más de medio centenar de grupos y nombres concretos,
incluso los organismos partidarios de la legalización de la marihuana son parte del
“entramado”). Al criminalizar la opción más atractiva de futuro, la desobediencia
civil, adjudicándole a ETA su maternidad, se buscaba cortocircuitar cualquier solución
que conllevase una salida no dolorosa del conflicto vasco, sin vencedores ni
vencidos, aunque la solución se propusiera desde una posición no-violenta y democrática. Es más, podría decirse que por ello mismo, por ser una alternativa de activismo no-violento, difícil de atajar con los parámetros del antiterrorismo de manual
clásico, se intentó criminalizarla de raíz. Todo lo que se hiciera de desobediencia civil a partir de mediados de los noventa era por órdenes de ETA.Ésta ha sido la tesis de la sentencia del 18/98.
Tercer capítulo. Así llegamos a la última tregua. La que más tiempo ha durado
y la que más cerca ha estado de encauzar una salida. Pero no por ello se vislumbra
distensión alguna desde los aparatos del Estado: no hay vuelta atrás en
las acusaciones; se mantiene la tesis: todo es ETA, se hagan las cosas de forma
violenta o no-violenta. La sentencia del 18/98, con la tregua ya finalizada, condena
a nueve personas por impulsar el debate social acerca de la desobediencia civil
con un total de 85 años de cárcel y 211 meses, y multas multimillonarias, a razón
de 30 euros al día. El caso está recurrido ante el Tribunal Supremo y es
inminente, en meses, su resolución.
En http://desobediencia1898.wordpress.com/ se puede tener acceso a una campaña
que está en ciernes. Los debates sobre la conveniencia de sustituir el ejercicio
de la violencia por la no-violencia quedan obstaculizados ante situaciones
como la descrita. Podríamos extendernos sobre la opción más ética y adecuada
para la realidad vasca, pero todo debate estaría condicionado por la criminalización
de la pura disidencia que hoy padecemos, por muy no-violenta que sea esa
disidencia. Además, cualquier asentimiento expreso de lo beneficioso que podría
ser impulsar una estrategia de desobediencia civil en nuestro país sería interpretado
como reiteración delictiva desde las instancias jurídicas que nos mantienen
bajo la espada de Damocles del Tribunal Supremo.
La propuesta más reciente que se ha planteado desde las posiciones que defienden
la no-violencia para la transformación social ha sido la convocatoria a finales
de junio de las conversaciones del Victoria Eugenia de Donostia. En las mismas,
una quincena de grupos que ha optado por la práctica no-violenta en su quehacer
cotidiano han intentado llegar a unos acuerdos de intervención conjunta. Puede encontrarse más información en www.noviolenciactiva.org, donde se encuentra asimismo el documento “Nuestra marcha de la sal”, fruto del debate realizado entre
los diversos agentes que han participado en estas conversaciones. Este documento
refleja las dificultades, los lugares de encuentro y las perspectivas de debate que se
plantean en la actualidad entre los grupos vascos partidarios de esta opción.
Mario Zubiaga y Sabino Ormazábal han sido sentenciados a nueve años de cárcel en la pieza de Desobediencia Civil en el proceso 18/98.
VIENTO SUR Número 101/Noviembre 2008 75