Bulebarreko topagune/espazio biribil honetan biltzen garen pertsonok gure herrian bakeak aurrera egitea nahi dugu. Elkarrekin bakean bizi nahi dugu. Halaxe nahi du gure gizarteak. Ez dugu nahi datozen belaunaldiek egungo indarkeria adierazpen hauek jaraunsterik.

Gure adierazpideak biribilean ipinitako aulkiak eta isiltasunaren indarra dira. Gatazka luze bateko parte sentitzen gara eta konponezin hori gizatiartu egin nahi dugu, indarkeria gabeko bideetatik zuzendu, hitza, elkarrizketa eta parte-hartzea erabiliz.

Herritarron ekimen apal honen asmoa elkarrizketa bultzatzen duten beste ahalegin batzuekin bat egitea da; ez ditu, inola ere, ordeztu nahi.

Espazio berean esertzearekin erakutsi nahi dugu prest gaudela guztiona den leku hau elkarbanatzeko, elkar errespetatuz, eta taldean adierazi nahi dugu asper-asper eginda gauzkala etengabeko indarkeria eta eskubide-falta egoera honek.

Ardurak dituztenak BERRIRO ESER DAITEZEN ESERIKO GARA HEMEN, bakea bilatuko duen prozesu berri bati ekin diezaioten. Ez dugu etsi nahi, gaurko konponezin egoera honetan, objektu pasiboak izatera. Ez dugu ezer egin gabe geratu nahi, kulpa guztiak besteei botata.

Bakeari bideak ireki nahi dizkiogu eta pertsona guztiei eta bakoitzari gonbita egiten diogu, egunero bakea eraikitzeko aktiboki zer egin dezakeen pentsa dezan. Hasteko, topagune-aulki hauetan esertzera gonbidatzen zaitugu, non ideia eta izaera oso desberdineko pertsonak baikaude. Zenbat eta gehiago bildu, hainbat eta hobe.

HILAREN LEHEN ETA HIRUGARREN OSTEGUNETAN BULEBARRA IZANGO DA GURE BILGUNEA

Quienes suscribimos esta declaración somos mujeres de distintas ideologías, tradiciones y sentimientos que, a título personal, y partiendo desde lo que nos une y desde lo que nos separa, queremos explorar pasos hacia delante en la búsqueda de la paz y de la reconciliación.

Con esta declaración no pretendemos sustituir a nada ni a nadie, desde el lugar que ocupa cada una, nuestra única intención es dar un impulso a la situación actual e intentar ayudar en la búsqueda de soluciones aseverando que el diálogo sin prejuicios y sin condiciones es un buen punto de partida como lo es el respeto a los derechos de todas las personas.

Trabajar por un presente y un futuro de esperanza nos obliga a poner en valor una militancia común al margen de la nuestra propia: la militancia por la paz ante tantos saboteadores que la paz tiene siempre en todos los conflictos en los que es necesario alumbrarla.

Creemos que las mujeres debemos ser, por lo tanto, agentes activas por la paz y participar en un nuevo proceso de esperanza que se debe abrir en el País Vasco, en Euskal Herria.

Hoy por hoy, y dado el modelo social en el que vivimos, el protagonismo de los hombres y las mujeres no es el mismo en la vida política de nuestro país. No obstante, y en tanto que padecemos las consecuencias de un conflicto político que en nada nos es ajeno, venimos a reivindicar la participación y el protagonismo que las mujeres también debemos tener a la hora de buscar soluciones. Debemos ser sujetos activos de la solución, al igual que hemos sido sujetos de lo que hasta ahora ha sucedido.

Por ello queremos que se pueda abrir una etapa nueva bajo tres premisas básicas:

La consecución de la paz es una exigencia colectiva y una prioridad política. Es también una tarea de todas y todos y no consiste únicamente en ausencia de cualquier violencia. El concepto de paz desde nuestro punto de vista no está vacío de contenido, sino todo lo contrario. Para nosotras tiene que ver con la democracia, la justicia social, con un proceso de cambio que permita a la ciudadanía dar por concluidos conflictos históricos, cerrar una página en términos de derechos y libertades.

Todos los proyectos políticos se pueden y se deben defender. No hay que imponer ninguno. Hay que buscar un escenario democrático que permita y garantice el desarrollo y la materialización de todos los proyectos en condiciones de igualdad, por vías políticas y democráticas.

Si la sociedad vasca, la ciudadanía del País Vasco o Euskal Herria desea transformar, cambiar o mantener su actual marco jurídico-político, todos y todas deberíamos comprometernos a respetar y establecer las garantías democráticas necesarias y los procedimientos políticos acordados para que lo que la sociedad vasca decida sea respetado y, si fuera necesario, tuviera su reflejo en los ordenamientos jurídicos.

En este sentido, entendemos que también deberán abordarse los condicionantes que determinan la diferente participación social de las mujeres y hombres, a fin de que se garantice la igualdad de derechos y oportunidades inexistentes en la actualidad. Esto conlleva el reconocimiento de nuestros derechos, los de las mujeres, y sólo será posible desde el compromiso firme de todos los agentes partícipes en el proceso.

Quienes suscribimos esta declaración creemos que es posible la solución, y pensamos que para ello todas y todos nos debemos reconocer como tales, que debemos intentar ver la parte de verdad que tienen las otras personas. Para nosotras, dialogar es el paso previo para acordar y ello es fortalecer la democracia, no debilitarla.

Nosotras no buscamos el éxito electoral ni la defensa de nuestra opción política, sindical, social y cultural no buscamos el aplauso de nadie ni nos intimida la crítica feroz; nos anima pensar que merece la pena trabajar por que las cosas no sigan igual, para hacer creíble el camino al que siempre hasta ahora se ha tachado de imposible por quienes no quieren que tenga solución.

Las mujeres que suscribimos esta declaración, como lo han hecho otras mujeres en otros procesos de paz, trabajaremos para blindarlo, para que no embarranque, para que no se frustre. Asimismo, para que las mujeres seamos parte activa del mismo, para reivindicar nuestro papel y nuestro protagonismo, tanto durante el proceso como en la solución. En definitiva, trabajaremos para establecer las garantías democráticas que permitan la participación de toda la ciudadanía fortaleciendo el proceso y su solución.

Por ello hacemos esta aportación, estamos dispuestas al contraste, al diálogo, al acercamiento, a la negociación, a poner todo lo que esté de nuestra parte en la tarea de construir la paz sobre las premisas que planteamos.

La propuesta aprobada por la Cámara Vasca por mayoría absoluta el 30 de diciembre de 2004 es un programa político que hace del derecho de todos los vascos a decidir su futuro su principio rector. La oferta hecha por Batasuna en Anoeta, el 14 de noviembre pasado, articula un método de solución del conflicto basado en vías exclusivamente pacíficas.

Las dos propuestas son de momento líneas paralelas que se proyectan hacia el infinito sin converger entre sí; por otra parte, su origen e iniciativa parten sobre todo de las distintas familias del nacionalismo vasco, contando con la hostilidad abierta de los dos grandes partidos de Estado.
Una diferencia esencial salta a la vista en los casos vasco y norirlandés.

En este segundo caso se entrecruzan dos procesos: el de la aprobación de un acuerdo político basado en el consenso (no unánime, pero sí políticamente eficaz) de los dos bandos, unionista y republicano; y el del desarrollo de un plan de solución de un conflicto violento en una sociedad profundamente dividida como es Irlanda del Norte. Ello la convierte en una referencia comparativa más pertinente para nosotros que la de Québec, que aunque ha influido, y mucho, en la elaboración del programa político aprobado por la Cámara Vasca (a través de los principios de la soberanía compartida y del federalismo de libre adhesión), carece, por innecesario, de un método específico de solución de conflictos violentos.

A grandes rasgos, el proceso de reconciliación de Irlanda del Norte se basa en tres grandes ejes: 1)-La construcción de un «locus», o lugar, de reconciliación de todas las personas, ideas y cosas; 2)-Un temario de cuestiones/relaciones a resolver, como son: la retirada de las armas de los grupos clandestinos; la liberación de los presos; la adecuación de las fuerzas policiales a los derechos humanos; y la reparación de las víctimas. 3)-El diseño de un cambio político-social, preludiado por los gobiernos británico e irlandés en la Declaración de Downing Street de 1993 y formalizado por los partidos políticos norirlandeses en el Acuerdo de Stormont de 1998.

En el caso vasco, Anoeta diseñó un método de solución de conflictos que se inspiraba en el espejo irlandés. Distensión, apuesta exclusiva por las vías políticas, conciencia por la izquierda abertzale de ser una de las partes de un todo, toma en consideración de todas las sensibilidades nacionalistas vascas o no, intervención negociada del grupo armado sólo en el tema específico de la desmilitarización, derecho de las víctimas a la reparación… Todo ello enmarcado en el principio del derecho de los vascos a decidir sobre sí mismos.

Si algo estaba claro en la declaración de Anoeta era la puesta en relación del fin de la violencia de ETA con un programa de cambio basado en la auto-decisión de los vascos. Pero el único programa que se encontraba encima de la mesa, tras un laborioso proceso de elaboración y tramitación, era el del Gobierno tripartito, al que se le puede reprochar su carácter elitista y parlamentario, pero del que no se puede negar estar respaldado por el poderoso y democráticamente incontestable argumento de los votos obtenidos en los sucesivos comicios. El que la izquierda abertzale haya debido aferrarse a él (o a una de sus partes) para blindar Anoeta, debiera inducirle a una actitud de mayor modestia y a una más lúcida aceptación de sus propias limitaciones.

Los portavoces de Batasuna han argumentado, para explicar la división de su voto, su acuerdo con el Preámbulo y su desacuerdo con el articulado que trata de la reforma estatutaria. Pero el Preámbulo, que habla de Euskal Herria, afirma su territorialidad y proclama el derecho de autodecisión de los vascos, contiene orientaciones pragmáticas aceptadas también por Batasuna: por ejemplo, la definición de un «nuevo pacto político por la convivencia», que se materializaría en un nuevo modelo de relación con el Estado basado en la libre asociación; así como el hecho de que «la Comunidad de Euskadi libremente asociada» se circunscriba de momento a Bizkaia, Guipúzcoa y Araba.

Por ello, la oposición de las fuerzas centralistas a la propuesta aprobada por la Cámara vasca no se debe a su supuesto carácter secesionista o independentista -no lo es en ninguna de sus partes, incluyendo su Preámbulo-, ni a un «contubernio con ETA-Batasuna» (el carácter inesperado de la decisión sorprendió el 30 de diciembre a todo el mundo, incluido el lehendakari); sino a la voluntad de enfatizar la proclamación exclusiva del pueblo español como único sujeto de auto-decisión, negándola, en consecuencia, al pueblo vasco, aunque el resultado de esta auto-decisión sea el de la libre asociación a España.

De ahí los clamores de dignidad patriótica ofendida y hasta los ruidos de sable que se oyen estos días. Se perfilan ya las fechas de la escenificación del doble rechazo español gubernativo y parlamentario: en la primera mitad de enero lo expresará el presidente del gobierno; en marzo, las Cortes españolas. Todo ello se acompañará de un acentuamiento represivo contra Batasuna, tergiversando y criminalizando el sentido de Anoeta y manteniendo su exclusión de cara a los comicios autonómicos de mayo, en busca de una nueva y artificial mayoría constitucionalista en la Cámara vasca que permitiría derogar en el futuro la propuesta recién aprobada.

¿Qué cabe hacer a partir de ahora por las fuerzas vascas que la han aprobado total o parcialmente? Mi opinión personal, tan susceptible de error como cualquier otra, es que éste sería el momento de corregir un rumbo que no se está mostrando a la altura de las expectativas creadas. Formaba parte del discurso del tripartito el afirmar que su propuesta iba a resolver los problemas del pueblo vasco en el transcurso de una generación; Anoeta se presentó como un hito decisivo en la solución del conflicto vasco. Ambas propuestas se dirigían a una audiencia más amplia que la de sus propias bases, esto es, al pueblo vasco en su conjunto. Y sin embargo, en los últimos discursos vienen primando consideraciones más centradas en los réditos electorales inmediatos que en los objetivos a largo plazo: a los reproches contra las «coaliciones abertzales-constitucionalistas» responden las denuncias del carácter «increíble» de las iniciativas del tripartito.

Sería éste el momento de tomarse mutuamente en serio, de consensuar entre unos y otros un núcleo duro de la propuesta a defender y de llevar a los agentes de la sociedad civil la discusión de contenidos concretos del articulado que les afectan, con lo que se corregiría el déficit participativo y social del proceso que algunos venimos observando. Ni que decir tiene que ello exigiría que todos los agentes de este pueblo aceptaran, no sólo en el terreno del discurso, sino en el de los hechos, el principio de la exclusividad de las vías políticas, incluyendo a ETA.

En cuanto a las fuerzas estatalistas del no, cuya inclusión es necesaria en todo proceso de reconciliación sostenible, como lo muestra la vía irlandesa, hay que distinguir en todo caso la actitud numantinamente centralista del PP del objetivo del PSOE de configurar una España plural en la que quepan «comunidades nacionales» mediante la reforma correspondiente de los Estatutos de Autonomía. Buscar un puente entre este proyecto y la aceptación del derecho del pueblo vasco -y eventualmente de otros pueblos- a decidir sobre su futuro, es más un problema de voluntad política que de técnica jurídico-constitucional. Existiendo la voluntad, el papel, como ha ocurrido en otros procesos de paz, lo aguanta todo.

Hoy en día, esa voluntad brilla por su ausencia. En mi opinión, el único factor que podría generarla sería la convicción del Gobierno Zapatero de que si comienza en serio un proceso de paz no le va a estallar la bomba en las manos, como ocurrió en el proceso de Lizarra-Garazi, con lo que desaparecería su renta actual de situación sobre el PP, siendo por el contrario devorado por este partido en las próximas elecciones generales. Blindar su convicción de que su Gobierno será recordado como aquél en el curso del cual desapareció un tipo de violencia, la relacionada con el conflicto vasco, depende sobre todo de ETA.

Francisco Letamendia es profesor de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco.
Recogido en elmundo.es

El plan Ibarretxe es la plasmación de los objetivos políticos nacionalistas, reivindicados con el apoyo de la violencia de ETA. Pretende una independencia de facto, que imposibilitará toda intervención de la autoridad estatal en la gestión nacionalista de las tres provincias… pero no impedirá poder utilizar a España como vehículo para permanecer sin problemas en Europa.

Se basa en la existencia de un «pueblo» vasco pre-político pero con derechos como sujeto político, lo contrario de lo que reconoce la Constitución europea -que no habla más que de estados y ciudadanos-, por no referirnos a la española…

Si sale adelante, es probable que acabe la violencia de ETA, pero como acabó la violencia tras el final de nuestra guerra civil: por imposición de una dictadura, que es la violencia continuada por medios políticos injustos. Los vascos no nacionalistas que sigamos en nuestra tierra nos veremos obligados a vivir como si hubiésemos perdido una guerra civil que no hemos librado… No creo que haya nada escrito en los cielos ni creo en el destino: por lo tanto, creo que pasará lo que dejemos que pase.

Los hombres libres no se preguntan «¿QUÉ PASARÁ?», sino «¿QUÉ VAMOS A HACER?». Por mi parte, tengo claro que mientras tenga vida y fuerzas haré cuanto pueda por que los nacionalistas y terroristas no se salgan con la suya.

*Fernando Savater es escritor.   Recogido en elmundo.es

Alardear de legislación penal progresista con un código que no contempla la cadena perpetua y aplicar de facto dicha pena es muestra del cinismo de quien así actúa, su ánimo de venganza y el grado de manipulación de esa legislación con claro impulso político. El último caso es la situación que padece el ex preso político vasco Fernando Etxegarai, excarcelado tras más de veinte años de prisión por haber cumplido íntegra su condena, como acredita el auto firme en virtud del cual recuperó su libertad. El propio Etxegarai mostró ayer su incredulidad, máxime cuando a los presos vascos les han denegado en multitud de ocasiones la revisión de decisiones judiciales anteriores por diferentes y más que dudosos motivos, como la extinción del plazo para recurrir o la supuesta imposibilidad de revisar una decisión en auto firme. Son ya 27 los presos políticos vascos que, a instancias de la sentencia 127/2006 del Tribunal Supremo, han visto sus condenas prolongadas por muchos años. Presos que teniendo adjudicada por la instancia judicial competente una fecha de salida de prisión, en muchos casos sobrepasada tras haber cumplido íntegramente la pena, se enfrentan en la práctica a una cadena perpetua. Y quienes así estiran y retuercen las leyes dicen hacerlo en nombre del estado de derecho y la democracia.
Editorial de Gara 4/04/08

¿Batzarre elemento cultural?
José Mari Esparza Zabalegi.- Editor

Está visto que no pasa un sólo día sin que alguien maree un poco más la perdiz navarra. Hemos leído en este periódico las declaraciones del representante de Batzarre, Ioseba Ezeolaza, pidiendo a NaBai mayor claridad en algunos puntos que al parecer Batzarre sí tiene claros: rechazar que Navarra pueda ser precio político; respeto a la identidad Navarra y que “cuando se hable de Euskal Herria se hable como elemento cultural, dejando claro que Navarra es la que debe decidir si quiere ser parte de ese elemento político”.La frase en sí misma ya es un mareo: Euskal Herria entonces ¿es elemento cultural o elemento político? ¿O para Navarra debe usarse como elemento cultural y para otros como elemento político?Si nos ponemos los espejuelos de la Historia, la sinsorgada todavía se ve mayor. Cuando las cuatro diputaciones decidían unir el mando militar en las guerras carlistas, ¿lo hacían con criterios culturales? Y cuando la Diputación de Navarra en 1864 propuso a sus hermanas el Laurak Bat “en favor de una unión patriótica y religiosa” del país ¿no estaba hablando de política? Porque lo que proponían los navarros era hacer una banca conjunta, Universidad, manicomio, gestiones unidas ante Madrid… Los proyectos de estatutos de autonomía para las cuatro provincias, refrendados varias veces por los ayuntamientos navarros, ¿sólo fueron folklore?

En suma, la defensa histórica que los carlistas, los liberales fueristas, los masones, los republicanos federales, los socialistas y los comunistas navarros han hecho siempre de la unidad de Euskal Herria, sin menoscabo de las particularidades forales de cada territorio, ¿no merecen ser tomadas en cuenta como antecedentes políticos, amén de culturales, de la unidad vasca?

Batzarre, grupo que se dice de izquierdas, tan dedicado ahora a la memoria histórica, debería al menos tener en cuenta el acuerdo del Frente Popular Navarro de junio de 1936, exigiendo del Gobierno la incorporación de Navarra al Estatuto Vasco y no dejar a Navarra en manos de la derecha. A los firmantes de aquél acuerdo, fusilados un mes más tarde, ¿los persiguieron por razones culturales o políticas? Y el Consejo de Navarra en el exilio, y toda la lucha antifranquista que defendía la unidad vasca ¿era sólo por amor a la cultura?

El mismo Batzarre debería mirar en sus propios archivos sus digos pasados y sus diegos actuales. Los abuelos de Batzarre se llamaron ETA Berri, de donde salió luego el Movimiento Comunista y luego el EMK, que se separó de la organización estatal por coherencia con la autodeterminación y hasta alentaron un grupo armado, Iraultza, del que ahora nadie quiere acordarse. En el entorno, docenas de organizaciones (Euskadiko Gaztedi Gorria, ESK-CUIS, Zutik, etc.) todas defendiendo Navarra como parte política inseparable de Euskal Herria. Y por no ir tan lejos, el único cargo parlamentario que ha tenido Batzarre ¿no lo consiguió como Euskal Herritarrok? ¿A qué vienen ahora estas milongas culturalistas? ¿Quién está utilizando a Navarra como moneda de cambio? ¿Y qué precio político se paga por semejantes volteretas históricas?

Este cuento de Euskal Herria como elemento cultural y no político no lo ha inventado Batzarre. Lo inventó Víctor Pradera, prócer del fascismo español y padre espiritual de los Del Burgo. Y lo desarrolló Garcilaso desde el Diario de Navarra. En su nueva deriva política (¿o cultural?) Batzarre debería tener más cuidado al elegir los ideólogos.

…la lucha por la paz -no como lo contrario al terrorismo fundamentalista islámico sino como lo opuesto a todo tipo de guerras. Nos corresponde asumir la lucha para demostrar que un mundo sin guerras es posible, desactivando los focos de guerra existentes con propuestas efectivas e interlocutores reales para conflictos como los de Medio Oriente, Colombia, Chiapas, el País vasco, Irlanda del Norte y Cachemira, entre otros, así como desarticulando el complejo industrial-militar que las fomenta y lucra con ellas, las inversiones bélicas que siguen gastando recursos necesarios para la humanidad en jactanciosos proyectos militares, tanto como el comercio clandestino de armas que abastece todas las guerras en el mundo y los paraísos fiscales, donde se reciclan esos recursos.

Fragmento del articulo «La izquierda Latinoamericna en el siglo XXI» Ed Chiapas 12 Trad Ana Esther Ceceña

Juan Aranzadi, antropólogo  Entrevista de Alberto Surio DV 11/03/05

El antropólogo Juan Aranzadi (Santurtzi, 1949) presentó ayer en San Sebastián, Good-bye ETA , un conjunto de reflexiones escritas bajo el síndrome de la lenta agonía de ETA.

 

–¿El título del libro Good-bye ETA no es demasiado voluntarista?

 

–Es voluntarista pero también constata el síndrome social, político y moral de la lenta agonía de ETA y la esperanza de su disolución. Así titulé un artículo que suscitó en su día algunas críticas furibundas de algunos ex amigos míos, entre otros Jon Juaristi y Savater, y que después se aclararon tras los atentados del 11-M. Tenía ganas de sacarme espinas clavadas –se llegó a decir que yo era cómplice del terrorismo y antisemita– y descalificaciones respecto a mi posición ante ETA desde el año 99 en el que comenzaron mis divergencias con gente con la que yo había estado de acuerdo como son los líderes de ¡Basta ya! Con los acontecimientos, la razón ha caído de mi parte.

 

–¿Enlaza con sus libros anteriores como El escudo de Arquíloco o El milenarismo vasco?

 

–En El milenarismo vasco indagué sobre los fundamentos simbólicos y religiosos del nacionalismo vasco, con un 90% de crítica al mismo. No creo que las conclusiones fueran distintas si se aplicaran al nacionalismo español. Valoro incondicionalmente la vida para evitar la muerte. Recuerdo la frase: «Matar un hombre sólo es matar un hombre, no es defender una causa».

 

–¿Encierra una autocrítica personal?

 

–Claro, es una autocrítica de mi itinerario de juventud donde me intoxiqué de todos los dogmatismos, tanto del cristiano como del revolucionario. No hay ninguna causa por la que merezca morir y por la que merezca matar. Ni la independencia de Euskadi ni la Constitución. Cuando alguien concluye que hay una causa por la que merece la pena morir está muy cerca de concluir que por esa misma causa merece la pena matar. Me dan mucho miedo los mártires y los verdugos, porque de mártires a verdugos hay un paso que se ha dado en la historia del cristianismo o la revolución proletaria. La muerte de un ser humano es un mal absoluto. Ni la democracia ni el socialismo ni la unidad de España merecen una gota de sangre. Lo que critico yo es que se plantee el constitucionalismo como una opción moral y se satanice a quienes no siguen ese itinerario. No soy sólo crítico del nacionalismo vasco, soy crítico de todo nacionalismo. Es una de las formas más envilecedoras de legitimación del estado que ha inventado la modernidad.

 

–No hay cierta deserción cívica en su mensaje…

 

–¿A qué llamamos deserción cívica? La capacidad de intervención de los ciudadanos en las sociedades liberales se limita a votar cada cuatro años y poco más. Al terrorismo tiene que enfrentarse la policía, en la calle no se hace nada más que publicidad. Es una irresponsabilidad cívica llamar al heroísmo de los ciudadanos. El bien máximo es que ETA desaparezca.

 

–¿Incluso pagando un precio?

 

–Yo lo pagaría. No sabemos qué va a pasar cuando desaparezca la violencia. Pensar que hay que acabar a la vez con ETA y con el nacionalismo vasco es un delirio imposible propio de unos megalómanos. Puede que ETA vuelva a matar, pero estamos lejos de presión terrorista de los años 80. Y el nacionalismo vasco no va a renunciar nunca a sus objetivos soberanistas o independentistas. ETA carece hoy de la capacidad de chantaje al PNV que tenía en Lizarra, aunque quiera hacer de su necesidad virtud. Con lo que el plan Ibarretxe no es concesión a la violencia sino la expresión del programa político del nacionalismo, siempre oscilante entre la radicalidad y el pragmatismo.

Iniciativa para la defensa de las libertades democráticas

 

-I-

Justificación

 

Las personas que firmamos la presente declaración militamos en organizaciones sociales, sindicales y políticas comprometidas con los derechos humanos, con la justicia social y con la democracia política. Todos actuamos a título individual porque queremos respetar la autonomía y el pluralismo de nuestras respectivas organizaciones, y desde la diversidad de opiniones políticas que cada cual tiene, nos hemos puesto de acuerdo para crear un comité de defensa de las libertades que aspira a promover el compromiso militante de todos los demócratas.

 

Somos conscientes de que esta propuesta puede ser incomprendida por quienes estiman que el mero hecho de tener un sistema de partidos políticos y de elecciones libres es garantía suficiente de democracia política. El hecho añadido de que estemos plenamente integrados en la Unión Europea refuerza la percepción de que las libertades democráticas parecen consolidadas, y que la idea de un Comité de defensa de las mismas evoque el recuerdo de tiempos pretéritos, ya superados, de persecución política, de dictadura y represión. Sin embargo, y a poco que observemos con mirada crítica la realidad que nos circunda, apreciaremos que la democracia en que vivimos no sólo es de baja calidad, sino que está incluso en peligro de retroceso.

 

La violencia política de ETA sigue persistiendo como un factor que conculca derechos humanos y distorsiona la convivencia democracia. La acumulación de secuestros, extorsiones económicas, actos de “kale borroka” y víctimas mortales hasta un total que se aproxima a cerca de 1000 personas en los 30 años de vigencia del sistema democrático, ofrece una idea de la magnitud de este problema. La nueva ruptura de la tregua de ETA ha puesto fin al enésimo intento de buscar una salida negociada, y el anuncio de su regreso a la acción armada amenaza con la apertura de un nuevo ciclo de violencia política que empantana la cuestión vasca en los mismos términos de sufrimiento, miedo, intolerancia y represión policial en que ha estado sumida en las últimas décadas. El hecho de que esa violencia se realice en nombre de la libertad nacional y del reconocimiento del derecho de autodeterminación, ni la justifica ni la hace más tolerable desde el punto de vista de los derechos humanos.

Ahora bien, si consideramos la cuestión de la calidad democrática desde el punto de vista de las “normas políticas del estado” bajo las que estamos obligados a vivir, se observará que en ese mismo lapso de tiempo se ha producido el encarcelamiento de varios miles de militantes abertzales sin que se haya podido demostrar la vinculación de muchos de ellos con la violencia de ETA, como en el reciente caso del sumario 18/98. También se ha producido el asesinato de varios decenas de militantes abertzales por el “terrorismo de estado” (GAL, etc), y la tortura en las comisarías, denunciada sistemáticamente por Amnistía Internacional. En otro orden de cosas se puede apreciar la acumulación de un conjunto de leyes especiales como la ley antiterrorista y la ley de partidos entre otras, que cercenan las libertades democráticas, junto a hábitos jurídicos de corte neofranquista, acciones de gobierno y discursos políticos que están transformando el débil e insuficiente “estado democrático” nacido de la reforma de la dictadura, en un cada vez más degradado “estado fuerte” de bajo perfil democrático.

 

Afortunadamente, algunas de estas prácticas policiales han desaparecido, como en el caso de ciertas formas de “terrorismo de estado”, pero en cambio otras se han reforzado, como es el caso de las leyes especiales, la persecución de la izquierda abertzale o la prevaricación de los jueces en el encausamiento de las cuestiones relacionadas con el “problema vasco”. Estas medidas se presentan como democráticas por el mero hecho de ser “legales”; esto es, por haber sido aplicadas previa modificación de las leyes, pero eso no las convierte en políticas más democráticas que las actuaciones ilegales del “terrorismo de estado”, aunque resulten más tolerables desde el punto de vista de su imagen pública. El caso más paradigmático de esa identificación entre legalidad y derecho la tenemos en el procesamiento iniciado contra el lehendakari y contra los representantes del PSE y de Batasuna en las conversaciones políticas para el final dialogado de la violencia. Cuando se criminaliza el diálogo político como se hace en este caso, no se puede dejar de pensar que el tantas veces invocado “estado español de derecho” se asemeja más a un estado policial que a un estado democrático.

El problema añadido es que todas las medidas de excepción se justifican con el pretexto de “combatir al terrorismo” o de frenar la “secesión vasca”, y en esa carrera de despropósitos del “todo vale contra ellas”, hemos asistido a una paulatina restauración del neofranquismo en las cúpulas dirigentes del Partido Popular, de la Conferencia Episcopal Española, del poder Judicial, y de algunos influyentes medios de comunicación de la derecha clásica. Desde estas instancias de poder se promueven políticas antidemocráticas, se criminaliza la disidencia de izquierda abertzale como sinónimo de colaboración con ETA, y se recuperan los viejos discursos totalitarios del nacional-catolicismo español, como únicos intérpretes de la identidad española, de la democracia y de la Constitución.

El colectivo de personas que promovemos esta iniciativa consideramos que no se debe banalizar la influencia de estos discursos y de estos poderes fácticos sobre el poder político y sobre la opinión pública. Sobre todo y particularmente en las condiciones de desmovilización social de las izquierdas y de exaltación patriótica española en que hoy vivimos, pues su influencia sobre la política es tan considerable que está haciendo retroceder la cultura democrática a niveles preconstitucionales.

En razón de ello, y sin olvidarnos de los problemas derivados de la violencia de ETA, nuestra preocupación también consistirá en desvelar la verdadera naturaleza de las leyes de excepción. El compromiso con la defensa de las libertades nos emplaza a trabajar por abolir esas leyes y reconstruir las bases de una cultura democrática que sea respetuosa de todas las identidades, de todos los derechos humanos para todas las personas, y de todos los derechos democráticos para todos los ciudadanos y para todos los pueblos.

De estas consideraciones generales deducimos la siguiente

 

-II-

Línea de actuación

 

1.- La iniciativa por la Defensa de las Libertades actuará contra la conculcación de los derechos humanos y contra el recorte de las libertades democráticas independientemente de quien o quienes los conculquen y atropellen.

2.– La iniciativa por la Defensa de las Libertades promoverá una cultura democrática de respeto a la vida, de desobediencia civil a las leyes injustas, de movilización social y de acción ciudadana en favor de todos los derechos humanos y de todas las libertades democráticas para todas las personas, partidos políticos y nacionalidades del estado.

3.– La iniciativa por la Defensa de las Libertades no hará por tanto distinción entre unos derechos y otros, ni condicionará la defensa de unos derechos a la conquista previa de otros.

4.- La iniciativa por la Defensa de las Libertades se pronuncia radicalmente en contra de la aplicación de “soluciones policiales” a los problemas políticos, y promoverá en consecuencia las vías de la negociación entre ETA y el Estado para las cuestiones relativas a la violencia y a los presos políticos, y las vías del diálogo transversal entre partidos políticos y entre las instituciones vascas y las instituciones del Estado, para todas las cuestiones relativas al derecho de decisión, a la unidad político-territorial, y a la soberanía política de las partes.

Sobre la base de estos criterios, formulamos las siguientes

 

 

-III-

Demandas democráticas

 

1.– Demandamos a ETA el cese definitivo e incondicional de todas las formas de violencia política que ejerce. En esta demanda incluimos el cese de la “kale borroka” o violencia de baja intensidad, independientemente de quienes sean las organizaciones que la ejerzan. Consideramos que esa decisión facilitará la recuperación de la negociación política interrumpida con motivo de la tregua. Pero sobre todo y fundamentalmente, el cese de la violencia debe realizarse por razones de ética política. Esto es, porque las reivindicaciones democráticas requieren la utilización de métodos democráticos respetuosos de los derechos humanos y situados a la misma altura moral que la democracia que se reivindica.

 

2.– Demandamos al Estado español una política activa contra la tortura y contra la prolongación indefinida de las condenas a los presos políticos, basada en:

• La presencia letrada y la filmación obligatoria de todos los interrogatorios policiales

• El acercamiento de los presos vascos a las cárceles vascas

• La aplicación de la legislación ordinaria para la concesión del 3º grado y para la excarcelación de todos los presos políticos que estén enfermos o que hayan cumplido las ¾ partes de su condena

• La derogación de la “doctrina Parot”

 

3.- Demandamos al Estado español la abolición de las leyes de excepción a cuyo amparo se ha producido la ilegalización de Batasuna, el encarcelamiento de sus dirigentes, la persecución de las organizaciones juveniles vinculadas a ella, la invalidación de sus candidaturas electorales y los procesamientos del Lehendakari junto a dirigentes del PSE y de Batasuna. Muy en particular

• La derogación de toda la legislación antiterrorista

• La derogación de la Ley de Partidos Políticos

• La disolución de la Audiencia Nacional y todos los Tribunales especiales creados al amparo de la legislación antiterrorista

• El restablecimiento efectivo del derecho de libre asociación para todas las organizaciones ilegalizadas de la izquierda abertzale.

 

4.- Demandamos al Estado español una política activa contra la judialización de la política y contra la politización de la justicia, muy en particular,

• La anulación de las sentencias del proceso 18/98 y la puesta en libertad de todas y todos los encausados en ese proceso

• La paralización de todos los procesos en curso al albur de la aplicación de la Ley de Partidos Políticos

• La democratización del poder judicial a fin de garantizar su independencia efectiva, la revocación de cargos y la depuración democrática de todos los jueces de probada adscripción a las organizaciones e ideologías neofranquistas. En esa perspectiva general, demandamos la creación de un poder judicial vasco, así como el control desde el Parlamento Vasco de todas las actuaciones judiciales que estén relacionadas con su ámbito territorial.

5.- Abogamos por la construcción de una nueva cultura democrática contra la intolerancia política,

• Que tomando como referencia las ideas de paz, justicia, democracia y reconciliación, promueva una ley vasca de la memoria histórica basada en el reconocimiento de todas las víctimas de la violencia política desde la guerra civil y la dictadura franquista a las víctimas de ETA, del GAL, o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

• Una cultura democrática que sea respetuosa de todas las identidades nacionales, que promueva la igualdad de las lenguas y la normalización en el uso social del euskera, la transversalidad y el diálogo político en base al respeto de los principios democráticos universales, el derecho de las nacionalidades a decidir libremente su futuro, la solidaridad entre los pueblos y el pacto entre sus instituciones de autogobierno

• Una cultura democrática que fomente la justicia social, la distribución de riqueza y la participación ciudadana en la extensión de los ideales de progreso, libertad, igualdad, paz y solidaridad

 

6.– Emplazamos al Estado español a que reconozca el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro político en libertad, comprometiéndose a respetar los resultados de cuantas consultas ciudadanas tengan a bien realizar sus instituciones de autogobierno.

 

Primeros firmante:

• Jose Luis Longarte de Pastoral Obrera de Bizkaia

• José Ramón Castaños de Ezker Gogoa

• Alvaro Marcos de Ezker Gogoa

• Mariano Gomez de Ezker Gogoa

• Petxo Idoyaga del colectivo Elkarbide de profesores de la UPV

• Pedro Ibarra del colectivo Elkarbide de profesores de la UPV

• Míkel de la Fuente director Escuela Universitaria de Relaciones Sociales

• Juan Hernández del colectivo Elkarbide de profesores de la UPV

• Arantza F. de Garaialde del sindicato STEE-EILAS

• José María Zabalo del sindicato STEE-EILAS

• Loli García del sindicato CCOO

• Jesús Uzkudun del sindicato CCOO

• Emilio Lekue del sindicato ESK

• Jokin Espilla del sindicato ESK

• Celia Muñoz del sindicato ESK

• Iosu Bilbao Cos de Ekologistak martxan

• J.Ramón Martin Urreta de Ekologistak martxan

• Iñaki Bárcena de Ekologistak martxan

• Ricardo Hernández Abaitua del taller de ecologia de Gernika

• Enrique Arzubiaga del taller de ecologia de Gernika

• Juantxu Izagirre de Gernika Batzordea

• Oscar Matute parlamentario de Ezker Batua

• Begoña Vesga de Esker Batua

• Marcelino Fraile de Ezker Batua

• Iosu Murguia Representante de Aralar en las Juntas de Bizkaia

• Román Bilbao Consiliario de Pastoral Obrera

• Natxo Isuskiza Sacerdote

• Joseba Bakaikoa Capuchino

• Oskar Vellisca Abogado

• Javier Gonzalez de Etxerat

• Javier Iriarte de Etxerat

• Javier Delgado de JOC

• Jon Elordui de HOAC

• Alberto Cantero de Itaka

• Carlos Ascunce de REAS

• Marlen Eizagirre de ALBOAN

• Nerea Aresti de Asamblea de Mujeres de Bizkaia

• Miren Llona de Asamblea de Mujeres de Bizkaia

• Anabel Sanz de Asamblea de Mujeres de Bizkaia

• Marta Brankas de Asamblea de Mujeres

• Xabier Sarasua

• Jesús María Bilbao

• Jesús María Barrutia

• Juan María Zulaika

• Jose Alcedo

• Txema Mendibil

 

 

 

Nota: Esta propuesta se enviará a personas representativas de otros movimientos sociales, ONGs, Fundaciones, Sindicatos (ELA-LAB,UGT, etc.) Partidos políticos (Batasuna, Nafarroa BAI, EA, PSE, PNV), y otros y otras de no importa cual asociación cultural o colectivo ciudadano