JUAN AGUIRRE

Se ha dicho que todo español lleva dentro un pícaro, una portera chismosa o un seleccionador de fútbol. Yo creo que lo que lleva en sus entretelas todo dios es un doctorado en vascología, un vascologado. Viajando lo compruebas: en cuanto anuncias tu procedencia la gente te hace ver, de forma más o menos explícita, que atesora una sólida y bien formada opinión sobre lo que aquí ocurre. Claro que si intentas enriquecer o matizar su punto de vista, no pocas veces te miran con suspicacia: «A ver si este va a ser…».
Esta semana, con motivo del estreno de la película Todos estamos invitados, los medios de comunicación se están dando un auténtico festín de vascología. La cosa va de thriller político y la dirige Manuel Gutiérrez Aragón, quien ya hizo de las apariciones de Ezquioga una insustancialidad titulada Visionarios. Los especialistas juzgarán la calidad de esta cinta ambientada en Donostia, entre pucheros de sociedades gastronómicas, aulas universitarias y apoteosis criminal a ritmo del maestro Sarriegui. De momento, oyéndole al realizador queda claro que, como radiografista de la sociedad vasca (que de ello presume), es un lerdo integral.
Va y dice en la presentación: «El único cambio que veo en el País Vasco es el cambio climático». Y se regala a sí mismo una amplia sonrisa de satisfacción. En otro lugar completa el análisis: «Una espesa capa de bechamel tapa las contradicciones del País Vasco». Pudo decir que las vuelve menos indigestas o que las hace epicúreas, pero sería un titular sin tanto gancho.
Si de veras se propone ahondar en las zonas de sombra de nuestra convivencia -que son muchas y profundas- con la sutilidad que la operación requiere a estas alturas de la Historia, aquí sobran jaimitadas y se precisa inteligencia y tacto.
Según explica el vascologado, la tesis de la película es que somos gente sin coraje cívico, acollonida que diría un catalán. Y esto, salvo honrosísimas excepciones, es verdad. Si no, tiempo ha que habría terminado esta lacra. Pero conviene recordar que nuestro comportamiento no difiere mucho del que tuvo la sociedad española frente a la dictadura. ¿Y qué es ETA sino la última herencia de aquel que nos dejó a la bicha enroscada y bien enroscada? Contra esto, el cineasta saca sus galones de luchador antifranquista, cosa tópica entre los de su generación. O sea, que ellos fueron mejores que nosotros: a falta de pruebas, callemos. Pero ya es raro que Franco, acosado por millones de valientes como Gutiérrez Aragón, muriera plácidamente envuelto en el manto de la Pilarica.
En cuanto al cambio climático, casualmente es, de todos los cambios, el que aquí menos se aprecia. ¿Habremos de pedir perdón de que nos llueva?

Diario Vasco 9 de abril 2008

FESTIVAL DE MÁLAGA
Los civilizados cómplices de la bestia

CARLOS BOYERO

EL PAÍS  –  Cine – 04-04-2008 Me resultaba alarmante la insistencia en calificar de «necesaria» la última película de Manuel Gutiérrez Aragón. Me ocurre lo mismo cuando escucho los previsibles y mosqueantes conceptos «cine riguroso, cine coherente, cine honesto». Siempre me pregunto cuando recalcan abusivamente virtudes tan encomiables: ¿y qué más? También me sorprende la excesiva demora en el estreno de Todos estamos invitados. Sabiendo que hablaba del estado de las cosas y de las personas en el País Vasco, todo indicaba que no era casual, que no convenía bautizar a la espinosa criatura en época de elecciones, que aunque el cine sólo sea cine y no sirva para alterar la realidad, mejor no andar tocando los genitales al personal que se pueda sentir incómodamente identificado.

Ya he despejado mis incógnitas. No sé si es necesaria, pero tengo claro que me habla con insólito coraje, peligrosa lucidez de comportamientos y actitudes de mucha gente normal, ciudadanos pacíficos y bienintencionados, ante el acorralamiento y la soledad de las víctimas de ETA, que no conozco ninguna película que se haya atrevido a escarbar en temática tan lamentablemente real como arriesgada de abordar. También que lo hace con lenguaje contundente y con una capacidad para provocar el escalofrío en los amenazados de la ficción y en el aterrado espectador. Si el retrato del miedo colectivo, de las tan humanas como mezquinas razones para mirar al otro lado cuando el espanto se va a ensañar con tu vecino, tu conocido, tu amigo o tu colega gastronómico, de la estratégica pasividad ante el monstruo y la conveniente hipocresía para evitar problemas, está poderosa y complejamente descrita, también hay personajes y situaciones que me resultan inverosímiles, que me resultan forzados, que no me los creo. Lo del etarra accidentado y condenado a la desmemoria, al que sus antiguos y despiadados correligionarios le reclaman fidelidades y órdenes, me parece surrealista. Los concienciados killers no pueden ser tan lerdos. Tampoco me convence excesivamente el tono lírico de la relación entre el amnésico enamorado y su angustiada terapeuta. Y se me escapan las razones para que una vez consumado su bárbaro objetivo, los fanatizados gudaris se empeñen en seguir jodiendo letalmente a la inofensiva viuda. Y existe una secuencia pretendidamente romántica en la playa de la Concha que me resulta tan innecesaria como grotesca. Si durante el arranque y la primera parte de Todos estamos invitados subo y bajo, hay diálogos que me suenan a recitados y actores con tonillo (nada que ver con que interpreten a vascos, sin embargo no me cuesta nada creerme que ese inquietante y sólido actor llamado Óscar Jaenada es un modélico kaleborroka), no me convence al principio José Coronado intentando dar asfixiada vida a ese profesor sentenciado a muerte, a partir de un momento logro implicarme en esa tragedia, sentir el acoso, la intemperie y el terror del que percibe en su nuca el aliento de la bestia, asistir como si estuviera en una intriga de Hitchcock del espléndido y angustioso cine que desprenden las secuencias de la sociedad gastronómica y de la tamborrada en esa preciosa y temible ciudad. Cuando aparecen los títulos de crédito finales, me noto tocado en el coco y en las fibras sensibles. Y empapado con el clima desasosegante que ha creado Gutiérrez Aragón. Y sigo pensando en ella, en imágenes perturbadoras. Y eso ocurre aquí y ahora. Y da mucho miedo.

“A VUELTAS CON LA CUESTIÓN NACIONAL”.(1)

Carlos Taibo. El otro día te escuché decir, José Luis, que del grupo de senadores de designación real en 1978 tú y Domingo García Sabell habíais sido los únicos que habíais defendido el derecho de autodeterminación. La verdad es que no me sorprende. Pero una de las preguntas que tiene uno que hacerse es qué tipo de discurso racional es éste, el dominante entre nosotros, que parece considerar que los Estados son sagrados y que no hay ningún problema político cuando en el ámbito de una comunidad humana –por difícil que sea establecer qué cabe entender por ésta – hay una parte significada de la población que se siente incómoda en el Estado en el que vive.

Me parece recordar que tú decías que, si hay un problema, habrá que buscarle solución a ese problema, de tal suerte que no hay nada peor que negar, simplemente, el problema y afirmar que no hay ninguna posibilidad de resolverlo.

José Luis Sampedro. Si uno crece en la libertad humana y la defiende, si uno cree en la libertad de la persona, tiene que reconocerle a ésta el derecho a asociarse con quien quiera, y a desasocierse pacíficamente cuando esté incómodo. El divorcio es una aplicación de este principio, como lo es la construcción de la propia Unión Europea. ¿Con qué derecho se habla de movimientos integradores y no se puede hablar, en cambio, de movimientos desintegradores?.

Mi yerno, que sabe muchísimo de derecho internacional, me explicó un día lo difícil que es fijar el sujeto del derecho de autodeterminación. Si se hace un referéndum y un cuarenta y nueve por ciento dice que sí o que no, ¿cómo se fuerza a esa cuantiosa minoría a aceptar lo que no desea?. Yo no lo sé, pero, si se han resuelto numerosos problemas jurídicos, ¿por qué no se habría de resolver también éste?. Lo que sí te digo es que yo defiendo el derecho de autodeterminación y lo defendí, es cierto, en la discusión de nuestra Constitución vigente. Para mí ese derecho es un aspecto inseparable de la libertad individual. Y esto remite, claro, a lo de los nacionalismos.

CT.Sí.

JLS. Primero hay que subrayar lo dificilísimo que es precisar qué es nación y qué no es nación. Por ejemplo, en este momento histórico español yo estoy convencido de que Cataluña es –con arreglo a la idea que caso todos tenemos de lo que es una nación- una nación- Porque, si es una nación holanda, no sé por qué no habría de serlo Cataluña: tiene un idioma, tiene una cultura, tiene una herencia y hay un sentimiento colectivo.

Ahora, que la Constitución española no lo reconozca, ésa es otra cuestión completamente distinta. Pero ¿qué es una nación?. Hombre, pues es difícil de precisar. Me limitaré a formular la impresión de que es un conjunto de personas que creen, que sostienen, que están convencidas de compartir una vida común, con unos rasgos distintivos que los hacen diferentes a otros. Pero lo mismo pasa con Aragón, por ejemplo, y la prueba es que hay chistes perfectamente nacionalizados: el arquetipo del aragonés, el del gallego, el del catalán, el del andaluz… . Todo esto significa que hay unos modelos y que se estima que quienes se atienen a tales modelos constituyen un vínculo.

Pero esto me parece que forma parte de una teoría general de grupos, una teoría de conjuntos humanos. Una cosa es reconocer ciertos conjuntos y otra declararlos exclusivos e incompatibles con todos los demás. Para mí ése el el problema.

El de nación es un concepto que, creo, surgió después de la Revolución Francesa: el pueble en armas, la nación y todo eso. Muy bien, pero una cosa es tener un sentido de identidad individual, que es necesario. Una cosa es identificarse con un grupo y realmente, disfrutar de un sentido de identidad. Eso es importante porque es un poco el soporte de uno mismo, y permite saber quién es uno: pues soy como éstos. Y otra cosa es crear esa identidad y declararla incompatible con la de los demás: ahí es donde aparece lo peor de los nacionalismos. Cuando alguien afirma “yo soy catalán” y, por serlo, agrega: “No puedo reunirrme con los aragoneses o con los otros”. Ése es el problema. Pero , tú, Carlos, has trabajado esos temas más que yo.

CT. Rescato dos elementos que han pasado, mal que bien, por tus observaciones- El primero hace referencia a la palabra nación y, tal vez, a la palabra nacionalismo. Me interesa subrayar que cada cual puede poner dentro de esos vocablos lo que desee.

Si asumimos un ejercicio de prospección histórica tendremos inmediatamente la posibilidad de comprobar cómo el significado más común atribuido a la palabra nacionalismo ha cambiado con el tiempo. En el período de entreguerras , el referente simbólico fundamental de los nacionalismos eran los fascismos italiano, alemán y, llegado el caso, español. En el decenio de 1960, sin embargo, la palabra nacionalismo se vinculó con mucha mayor frecuencia con los movimientos de liberación nacional existentes en el Tercer Mundo, que pasaron a asumir el protagonismo fundamental. Y en el momento presete, y esto lo digo con alguna cautela, parece como si nos encontrásemos ante un creciente vigor de la palabra nacionalismo vinculado con las demandas de la naciones sin Estado, empeñadas en reaccionar por añadidura – creo yo que las más de las veces de forma legítima – ante determinadas secuelas de la dimensión homogeneizadora de la globalización. Por eso he dicho antes que cada cual es libre de utilizar referentes simbólicos extremadamente diferentes a la hora de hablar de los nacionalismos.

Acabo, sin embargo, de llamar la atención sobre algo que es importante que nunca olvidemos: a menudo, en nuestro maltrecho debate público sobre estas cosas, cuando se habla de naciones y de nacionalismos se piensa en exclusiva en la periferia peninsular y se olvida que existe también, claro, un nacionalismo de Estado. Me interesa muy mucho subrayar que ese nacionalismo de Estado ha pervivido pese a la Constitución de 1978. Hay quien parece pensar que el nacionalismo español desapareció del horizonte en la medida en que se generaron reglas del juego aparentemente respetuosas de los derechos ajenos.

Bueno, pues yo tengo la certeza de que existe, y a flor de piel, un nacionalismo español de enorme influencia. Y debo subrayar que no me estoy refiriendo al nacionalismo de ultramontano de los grupos de extrema derecha. Me refiero a un nacionalismo que pervive en la vida cotidiana de la sociedad y que se manifiesta, bien es cierto, a través de procedimientos triviales, pero que al final es probablemente tan inquietante como muchas de las práctica que quienes lo transmiten aprecian en exclusiva en los otros.

JLS. Lo único que les interesa es la censura de los otros. La bien conocida actitud de ver la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio.

CT. Menciono la segunda cuestión. Hace unos días escribí un artículo en El Periódico de Cataluña. Siempre que uno se refiere a estas cosas consigue convertirse, sin quererlo, en el objeto de muchas diatribas. ¿Cuál era la tesis que defendía? Venía a decir que, en relación con este debate de la nación en el Estatuto de Cataluña, hay dos manera razonables de pensar. La primera, que es perfectamente legítima, considera que las naciones no existen y que son –retomemos el tópico académico- comunidades imaginadas, encaminadas a defender determinados intereses y a propiciar inevitablemente exclusiones. Esta visión es muy respetable pero tiene que ser consecuente: todas las naciones deben ser, entonces, objeto de rechazo. Lo digo porque, claro, el discurso que defienden entre nosotros el Partido Popular y determinados prohombres del Partido Socialista afirma, por un dado, que las naciones nos retrotraen a la Edad Media, a las tribus, a las ordalías, para después, sorprendentemente, postular la existencia de una nación española. Supongo que, si la posición teórica es la descrita, a cualquier persona normal le dejará un poco perpleja esta última conclusión.

El segundo de los criterios razonables afirma que las naciones son, sí, comunidades imaginadas pero que, como quiera que todo lo generado por la especie humana es producto de un artificio, no hay en principio mayor pecado en ello.

JLS. Es la realidad.

CT. O puede serlo. Entonces pareceríamos llamados a aceptar que hay muchas comunidades y que es legítimo que cada cual se identifique con uno u otro de esos discursos nacionales. Es legítimo que en Cataluña se sostenga que hay una nación, como es legítimo también que otras personas sostengan que existe una nación española. Se supone que el procedimiento par dirimir las eventuales diferencias es que pasa por discutir democráticamente, de tal suerte que aquel que consiga sacar adelante su proyecto con mayor apoyo democrático se llevará el gato al agua. ¿Cómo ves tú esta cuestión?

JLS. Para empezar lo que veo es, sobre todo, la inmadurez política de mucha gente, y en particular la de muchos que ocupan altos cargos. Esta inmadurez se ha agravado, creo, en la etapa de Aznar, que ha sido nefasta, en términos de retroeducación política.

El hecho de que la reacción de la dirección del Partido Popular ante la propuesta de reforma del Estatuto catalán haya consistido en señalar que aquélla supone una reforma constitucional no tiene, a mi juicio, ni pies ni cabeza. Porque lo cierto es que, dentro de la legalidad, el parlamento catalán formula un proyecto, dentro de la legalidad lo remite al parlamento español y dentro de la legalidad del parlamento español hará lo que estime conveniente y ajustado a derecho. Pero afirmar que estamos ante un proyecto de reforma de la Constitución es ganas de llevar las cosas a un terreno en el que pueden exacerbarse mucho más los sentimientos del nacionalismo español.

Además, ¿es que la Constitución es sagrada? ¿Es que la Constitución española no se puede reformar? Es lamentable la posición de quienes piensan que la Constitución es intocable.

¿Por qué no va a poder formularse una petición de reforma de la Constitución? Pero, claro, los detractores del proyecto de la reforma del Estatuto catalán lo que pretenden es acusar de alevosía a los defensores de aquél. Es que lo que ustedes quieren –dicen- no es sacar adelante el Estatuto: lo que quieren es destrozar España, porque ustedes son separatistas… Se trata, en otras palabras, de provocar la manifestación de sentimientos primarios. Eso es lo más importante.

CT. Hay, además, un problema político obvio cuando llega un texto refrendado por el 88 por ciento de los diputados que toman asiento en el parlamento catalán. Supongo que esto debería hacernos pensar: la idea de que es imperativo revisar este texto, por presunta obligación, parece una regla discutible.

Quiero ir, de todas maneras, a otra cuestión vinculada, en muchos sentidos, con la economía. Corre por ahí una crítica, muy común, de los nacionalismos que viene a decir que éstos obedecen siempre a los intereses de las burguesías nacionales correspondientes –o de las elites dirigentes -,algo que, por lógica, se traduciría en comportamientos muy poco solidarios. Aunque sería absurdo negar que tal problema existe, bien que con intensidades diferentes según lugares y momentos, es necesario desprenderse de lamentables criterios de doble rasero.

Recuerdo que, años atrás, a Jordi Pujol, entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, se le criticaba mucho porque, se decía, quería reservar para Cataluña un conjunto de privilegios que implicaban una discriminación para el resto de los ciudadanos españoles. Pero, claro, cuando el ex presidente del gobierno español, José María Aznar, acudía a Bruselas y pretendía preservar- vamos a suponer al menos que era así- un sinfín de ventajas para España, resultaba que Aznar era un personaje cabal que estaba defendiendo, legítimamente, nuestro intereses. Me parece que no hay manera de casar semejantes reflexiones: lo que es malo en un caso será malo, también, en el otro.

Algo semejante me parece que ocurre en lo que se refiere a determinadas disputas sobre el criterio de solidaridad que –se nos cuenta- debe imperar en el Estado autonó9mico español. Hay que preguntarse si no les falta razón a aquellas fuerzas políticas catalanas o vascas que estiman que la solidaridad debe ejercerse, ante todo, con aquellos que más necesitados están. Si en la España presuntamente liberada de estos problemas –la de Rajoy, la de Bono y la de Rodríguez Ibarra- no hay un discurso nacional y nacionalista, de por medio, ¿cómo podríamos justificar que se defienda, como si de una realidad natural se tratase, la existencia de un deber de solidaridad de Cataluña con Extremadura, pero en cambio no se enuncie deber alguno de solidaridad de la propia Cataluña, o de Extremadura, con Bolivia o con Níger?

JLS. Además, lo que hay que aceptar es que, no sólo Pujol, sino también Ibarretxe o Chaves, están llamados a hacer lo mismo, a defender sus respectivos intereses. En un sistema democrático todos defendemos nuestros intereses. Todos. ¿Por qué no podría hacerlo el señor Pujol? Si, al mismo tiempo, el señor Chaves no los defiende, pues entiendo que obra mal. Lo grave es defender los intereses a punta de pistola, como lo hace ETA. Eso es lo injustificable.

CT. Ahora que hablas de ETA, creo que no está de más señalar que antes de que ETA dejase de matar –y esperemos que no vuelva a hacerlo nunca- se escuchaba con mucha frecuencia, en labios de representantes significados de nuestra clase política, una frase que venía a decir: “ Si ETA deja las armas, estamos dispuestos a discutir con generosidad sobre cualquier cosa”.

Me parece que, vistos los hechos desde la perspectiva de hoy, la frase tenía trampa. Hemos podido comprobar que, una vez que ETA lleva más de dos años sin matar –bien es verdad que seríamos ingenuos si diésemos por cerrada la cuestión correspondiente -, y cuando se discuten materias sensibles vinculadas con el futura de un país, Cataluña, en el que la violencia política desapareció hace tiempo, esas personas prometían el oro y el moro se han cerrado en banda en defensa de un nacionalismo esencialista tan ultramontano como aquel que atribuyen a su enemigo. Y eso que la disputa de estas horas es estrictamente política.

Quiero invocar también con todo, otro elemento de discusión. Es verdad que muchas veces los discursos nacionalista son muy cerrados y muy poco lúcidos en cuanto a la percepción de realidades complejas. Pero hay un arma arrojadiza que entre nosotros se utiliza con frecuencia frente a determinados discursos nacionalistas y que está cargada, de nuevo, de trampas. Esa arma suele adquirir la forma de una pregunta : “ ¿No es mucho más saludable que a la hora de determinar los derechos y los deberes de los ciudadanos lo hagamos conforme a la condición de estos últimos como tales, en general, sin vincular en modo alguno esos derechos y deberes con la condición nacional o étnica de esos ciudadanos?”.

Me parece que la respuesta de un nacionalista inteligente ante semejante pregunta bien podría ser la siguiente: ¿Nosotros no discutimos el principio de ciudadanía. Asumimos de buen grado que los derechos y los deberes deben determinarse conforme a tal principio, y no de resultas de la condición nacional o étnica. Lo que discutimos, sin embargo, es el ámbito de aplicación geográfica del criterio de ciudadanía. Y si a alguien le parece irracional que defendamos que el escenario de aplicación de ese principio debe ser Galicia, Cataluña o el País Vasco, inmediatamente deberá explicarnos por qué esos recintos le parecen irracionales e injustificados, y en cambio se le antoja perfectamente natural que el escenario correspondiente sea España”.

Esas personas que muestran tantas reticencias, y que se regodean con lo de la ciudadanía, deberían explicar cómo casa esta última con la franca negación de derechos y deberes a esas gentes que vienen en pateras. Lo diré de otra manera: el discurso de la ciudadanía sólo es defendible y plenamente consecuente cuando obedece a una demanda de reconocimiento de derechos que tiene carácter universal. Cuando, por el contrario, se materializa en el ámbito preciso, siempre restrictor, de los Estados que conocemos, al final de que ocurre es que se reproducen los mismos problemas que se atribuyen a los discursos nacionalistas identitarios.

JLS. Se olvida, además que todas las comunidades que ejercen o que quieren ejercer, determinados derechos, negándoselos a los demás, son también históricamente transitorias. Porque, claro, Castilla es una creación histórica que puede desaparecer, de la misma suerte que la soberanía de España se encuentra limitada dentro de la Unión Europea. Así las cosas, todo es mutable. No se trata sólo de que todo sea cambiable: es que todo cambiará.

Ya antes he señalado que en el años 1956, poco antes de la reunión de Roma de 1957, cuando se alcanzó un acuerdo de seis países en virtud del cual se firmaría luego el Tratado de Roma, que fue el principio de lo que hoy llamamos Unión Europea, Franco afirmó que lo pactado no tenía futuro ninguno porque “las naciones europeas”, dijo textualmente, “estaban consolidadas por la historia”. Así que miope era su visión política. Ninguna de esas naciones estaba, ni está, consolidada para siempre por la historia. Tampoco lo están, claro, la nación catalana ni la nación española.

CT. También retomo lo que acabas de decir. Me parece que es muy interesante ese concepto de invención de la tradición, esa idea que sugiere que los nacionalismos propenden inexorablemente a reescribir la historia. Aunque me sentiría más cómodo si se aceptasen de buen grado tres matizaciones al concepto: si la primera señala que los nacionalismos no siempre están inventando tradiciones, la segunda sugiere que el problema correspondiente se revela en todos los nacionalismos – también en el propio: pareciera como si entre nosotros sólo inventase tradiciones Sabino Arana – y la tercera, en fin, plantea que la operación de invención alcanza a instancias que aparentemente nada tienen de nacionalistas.

Aún recuerdo el provocativo texto que, bastantes años atrás, y si no mal recuerdo en relación con las ceremonias conmemorativas de algún aniversario del rey Carlos III, cubría la portada de un número de L´avenç , la revista catalana de historia: “La invención de la tradición: la monarquía constitucional en España”. La idea que se quería promocionar con el aniversario en cuestión era la de que la monarquía en España siempre había sido una institución ilustrada vinculada con el pueblo y con su quehacer. Claro: si esto no es inventar una tradición para legitimar la institución monárquica, que venga Dios y los vea. ¿no?

JLS. Sí, sí.

CT. Tu y yo, en momentos cronológicos distintos, hemos mamado en el colegio de una invención de una tradición: la que nos invitaba a recordar, por ejemplo, que Trajano y Adriano eran emperadores españoles. Aunque habían nacido, casualmente, más de mil años antes de que surgiera España, se les etiquetaba, sin embargo, de españoles. Claro que, llamativamente, nunca se nos decía, en cambio, que Abderramán III era un califa español, porque el personaje remitía a una rama torcida que no convenía incorporar al núcleo común…

(1) “ SOBRE POLÍTICA, MERCADO Y CONVIVENCIA”.

JOSE LUIS SAMPEDRO VS. CARLOS TAIBO, 2006

Los libros de la Catarata 2006

La democracia griega amaba la libertad, pero vivía de sus prisioneros. Los esclavos y las esclavas labraban tierras, abrían caminos, excavaban montañas en busca de plata y de piedras, alzaban casas, tejían ropas, cosían calzados, cocinaban, lavaban, barrían, forjaban lanzas y corazas, azadas y martillos, daban placer en las fiestas y en los burdeles y criaban a los hijos de sus amos.

Un esclavo era más barato que una mula. La esclavitud, tema despreciable, rara vez aparecía en la poesía, en el teatro o en las pinturas que decoraban las vasijas y los muros. Los filósofos la ignoraban, como no fuera para confirmar que ése era el destino natural de los seres inferiores, y para encender la alarma. Cuidado con ellos, advertía Platón. Los esclavos, decía, tienen una inevitable tendencia a odiar a sus amos y sólo una constante vigilancia podrá impedir que nos asesinen a todos.

Y Aristóteles sostenía que el entrenamiento militar de los ciudadanos era imprescindible, por la inseguridad reinante.

Eduardo Galeano    Espejos. Una historia casi universal

 Bulebarreko topagune/espazio biribil honetan biltzen garen pertsonok gure herrian bakeak aurrera egitea nahi dugu. Elkarrekin bakean bizi nahi dugu. Halaxe nahi du gure gizarteak. Ez dugu nahi datozen belaunaldiek egungo indarkeria adierazpen hauek jaraunsterik.

Gure adierazpideak biribilean ipinitako aulkiak eta isiltasunaren indarra dira. Gatazka luze bateko parte sentitzen gara eta konponezin hori gizatiartu egin nahi dugu, indarkeria gabeko bideetatik zuzendu, hitza, elkarrizketa eta parte-hartzea erabiliz.

Herritarron ekimen apal honen asmoa elkarrizketa bultzatzen duten beste ahalegin batzuekin bat egitea da; ez ditu, inola ere, ordeztu nahi.

Espazio berean esertzearekin erakutsi nahi dugu prest gaudela guztiona den leku hau elkarbanatzeko, elkar errespetatuz, eta taldean adierazi nahi dugu asper-asper eginda gauzkala etengabeko indarkeria eta eskubide-falta egoera honek.

Ardurak dituztenak BERRIRO ESER DAITEZEN ESERIKO GARA HEMEN, bakea bilatuko duen prozesu berri bati ekin diezaioten. Ez dugu etsi nahi, gaurko konponezin egoera honetan, objektu pasiboak izatera. Ez dugu ezer egin gabe geratu nahi, kulpa guztiak besteei botata.

Bakeari bideak ireki nahi dizkiogu eta pertsona guztiei eta bakoitzari gonbita egiten diogu, egunero bakea eraikitzeko aktiboki zer egin dezakeen pentsa dezan. Hasteko, topagune-aulki hauetan esertzera gonbidatzen zaitugu, non ideia eta izaera oso desberdineko pertsonak baikaude. Zenbat eta gehiago bildu, hainbat eta hobe.

HILAREN LEHEN ETA HIRUGARREN OSTEGUNETAN BULEBARRA IZANGO DA GURE BILGUNEA

Quienes suscribimos esta declaración somos mujeres de distintas ideologías, tradiciones y sentimientos que, a título personal, y partiendo desde lo que nos une y desde lo que nos separa, queremos explorar pasos hacia delante en la búsqueda de la paz y de la reconciliación.

Con esta declaración no pretendemos sustituir a nada ni a nadie, desde el lugar que ocupa cada una, nuestra única intención es dar un impulso a la situación actual e intentar ayudar en la búsqueda de soluciones aseverando que el diálogo sin prejuicios y sin condiciones es un buen punto de partida como lo es el respeto a los derechos de todas las personas.

Trabajar por un presente y un futuro de esperanza nos obliga a poner en valor una militancia común al margen de la nuestra propia: la militancia por la paz ante tantos saboteadores que la paz tiene siempre en todos los conflictos en los que es necesario alumbrarla.

Creemos que las mujeres debemos ser, por lo tanto, agentes activas por la paz y participar en un nuevo proceso de esperanza que se debe abrir en el País Vasco, en Euskal Herria.

Hoy por hoy, y dado el modelo social en el que vivimos, el protagonismo de los hombres y las mujeres no es el mismo en la vida política de nuestro país. No obstante, y en tanto que padecemos las consecuencias de un conflicto político que en nada nos es ajeno, venimos a reivindicar la participación y el protagonismo que las mujeres también debemos tener a la hora de buscar soluciones. Debemos ser sujetos activos de la solución, al igual que hemos sido sujetos de lo que hasta ahora ha sucedido.

Por ello queremos que se pueda abrir una etapa nueva bajo tres premisas básicas:

La consecución de la paz es una exigencia colectiva y una prioridad política. Es también una tarea de todas y todos y no consiste únicamente en ausencia de cualquier violencia. El concepto de paz desde nuestro punto de vista no está vacío de contenido, sino todo lo contrario. Para nosotras tiene que ver con la democracia, la justicia social, con un proceso de cambio que permita a la ciudadanía dar por concluidos conflictos históricos, cerrar una página en términos de derechos y libertades.

Todos los proyectos políticos se pueden y se deben defender. No hay que imponer ninguno. Hay que buscar un escenario democrático que permita y garantice el desarrollo y la materialización de todos los proyectos en condiciones de igualdad, por vías políticas y democráticas.

Si la sociedad vasca, la ciudadanía del País Vasco o Euskal Herria desea transformar, cambiar o mantener su actual marco jurídico-político, todos y todas deberíamos comprometernos a respetar y establecer las garantías democráticas necesarias y los procedimientos políticos acordados para que lo que la sociedad vasca decida sea respetado y, si fuera necesario, tuviera su reflejo en los ordenamientos jurídicos.

En este sentido, entendemos que también deberán abordarse los condicionantes que determinan la diferente participación social de las mujeres y hombres, a fin de que se garantice la igualdad de derechos y oportunidades inexistentes en la actualidad. Esto conlleva el reconocimiento de nuestros derechos, los de las mujeres, y sólo será posible desde el compromiso firme de todos los agentes partícipes en el proceso.

Quienes suscribimos esta declaración creemos que es posible la solución, y pensamos que para ello todas y todos nos debemos reconocer como tales, que debemos intentar ver la parte de verdad que tienen las otras personas. Para nosotras, dialogar es el paso previo para acordar y ello es fortalecer la democracia, no debilitarla.

Nosotras no buscamos el éxito electoral ni la defensa de nuestra opción política, sindical, social y cultural no buscamos el aplauso de nadie ni nos intimida la crítica feroz; nos anima pensar que merece la pena trabajar por que las cosas no sigan igual, para hacer creíble el camino al que siempre hasta ahora se ha tachado de imposible por quienes no quieren que tenga solución.

Las mujeres que suscribimos esta declaración, como lo han hecho otras mujeres en otros procesos de paz, trabajaremos para blindarlo, para que no embarranque, para que no se frustre. Asimismo, para que las mujeres seamos parte activa del mismo, para reivindicar nuestro papel y nuestro protagonismo, tanto durante el proceso como en la solución. En definitiva, trabajaremos para establecer las garantías democráticas que permitan la participación de toda la ciudadanía fortaleciendo el proceso y su solución.

Por ello hacemos esta aportación, estamos dispuestas al contraste, al diálogo, al acercamiento, a la negociación, a poner todo lo que esté de nuestra parte en la tarea de construir la paz sobre las premisas que planteamos.

La propuesta aprobada por la Cámara Vasca por mayoría absoluta el 30 de diciembre de 2004 es un programa político que hace del derecho de todos los vascos a decidir su futuro su principio rector. La oferta hecha por Batasuna en Anoeta, el 14 de noviembre pasado, articula un método de solución del conflicto basado en vías exclusivamente pacíficas.

Las dos propuestas son de momento líneas paralelas que se proyectan hacia el infinito sin converger entre sí; por otra parte, su origen e iniciativa parten sobre todo de las distintas familias del nacionalismo vasco, contando con la hostilidad abierta de los dos grandes partidos de Estado.
Una diferencia esencial salta a la vista en los casos vasco y norirlandés.

En este segundo caso se entrecruzan dos procesos: el de la aprobación de un acuerdo político basado en el consenso (no unánime, pero sí políticamente eficaz) de los dos bandos, unionista y republicano; y el del desarrollo de un plan de solución de un conflicto violento en una sociedad profundamente dividida como es Irlanda del Norte. Ello la convierte en una referencia comparativa más pertinente para nosotros que la de Québec, que aunque ha influido, y mucho, en la elaboración del programa político aprobado por la Cámara Vasca (a través de los principios de la soberanía compartida y del federalismo de libre adhesión), carece, por innecesario, de un método específico de solución de conflictos violentos.

A grandes rasgos, el proceso de reconciliación de Irlanda del Norte se basa en tres grandes ejes: 1)-La construcción de un «locus», o lugar, de reconciliación de todas las personas, ideas y cosas; 2)-Un temario de cuestiones/relaciones a resolver, como son: la retirada de las armas de los grupos clandestinos; la liberación de los presos; la adecuación de las fuerzas policiales a los derechos humanos; y la reparación de las víctimas. 3)-El diseño de un cambio político-social, preludiado por los gobiernos británico e irlandés en la Declaración de Downing Street de 1993 y formalizado por los partidos políticos norirlandeses en el Acuerdo de Stormont de 1998.

En el caso vasco, Anoeta diseñó un método de solución de conflictos que se inspiraba en el espejo irlandés. Distensión, apuesta exclusiva por las vías políticas, conciencia por la izquierda abertzale de ser una de las partes de un todo, toma en consideración de todas las sensibilidades nacionalistas vascas o no, intervención negociada del grupo armado sólo en el tema específico de la desmilitarización, derecho de las víctimas a la reparación… Todo ello enmarcado en el principio del derecho de los vascos a decidir sobre sí mismos.

Si algo estaba claro en la declaración de Anoeta era la puesta en relación del fin de la violencia de ETA con un programa de cambio basado en la auto-decisión de los vascos. Pero el único programa que se encontraba encima de la mesa, tras un laborioso proceso de elaboración y tramitación, era el del Gobierno tripartito, al que se le puede reprochar su carácter elitista y parlamentario, pero del que no se puede negar estar respaldado por el poderoso y democráticamente incontestable argumento de los votos obtenidos en los sucesivos comicios. El que la izquierda abertzale haya debido aferrarse a él (o a una de sus partes) para blindar Anoeta, debiera inducirle a una actitud de mayor modestia y a una más lúcida aceptación de sus propias limitaciones.

Los portavoces de Batasuna han argumentado, para explicar la división de su voto, su acuerdo con el Preámbulo y su desacuerdo con el articulado que trata de la reforma estatutaria. Pero el Preámbulo, que habla de Euskal Herria, afirma su territorialidad y proclama el derecho de autodecisión de los vascos, contiene orientaciones pragmáticas aceptadas también por Batasuna: por ejemplo, la definición de un «nuevo pacto político por la convivencia», que se materializaría en un nuevo modelo de relación con el Estado basado en la libre asociación; así como el hecho de que «la Comunidad de Euskadi libremente asociada» se circunscriba de momento a Bizkaia, Guipúzcoa y Araba.

Por ello, la oposición de las fuerzas centralistas a la propuesta aprobada por la Cámara vasca no se debe a su supuesto carácter secesionista o independentista -no lo es en ninguna de sus partes, incluyendo su Preámbulo-, ni a un «contubernio con ETA-Batasuna» (el carácter inesperado de la decisión sorprendió el 30 de diciembre a todo el mundo, incluido el lehendakari); sino a la voluntad de enfatizar la proclamación exclusiva del pueblo español como único sujeto de auto-decisión, negándola, en consecuencia, al pueblo vasco, aunque el resultado de esta auto-decisión sea el de la libre asociación a España.

De ahí los clamores de dignidad patriótica ofendida y hasta los ruidos de sable que se oyen estos días. Se perfilan ya las fechas de la escenificación del doble rechazo español gubernativo y parlamentario: en la primera mitad de enero lo expresará el presidente del gobierno; en marzo, las Cortes españolas. Todo ello se acompañará de un acentuamiento represivo contra Batasuna, tergiversando y criminalizando el sentido de Anoeta y manteniendo su exclusión de cara a los comicios autonómicos de mayo, en busca de una nueva y artificial mayoría constitucionalista en la Cámara vasca que permitiría derogar en el futuro la propuesta recién aprobada.

¿Qué cabe hacer a partir de ahora por las fuerzas vascas que la han aprobado total o parcialmente? Mi opinión personal, tan susceptible de error como cualquier otra, es que éste sería el momento de corregir un rumbo que no se está mostrando a la altura de las expectativas creadas. Formaba parte del discurso del tripartito el afirmar que su propuesta iba a resolver los problemas del pueblo vasco en el transcurso de una generación; Anoeta se presentó como un hito decisivo en la solución del conflicto vasco. Ambas propuestas se dirigían a una audiencia más amplia que la de sus propias bases, esto es, al pueblo vasco en su conjunto. Y sin embargo, en los últimos discursos vienen primando consideraciones más centradas en los réditos electorales inmediatos que en los objetivos a largo plazo: a los reproches contra las «coaliciones abertzales-constitucionalistas» responden las denuncias del carácter «increíble» de las iniciativas del tripartito.

Sería éste el momento de tomarse mutuamente en serio, de consensuar entre unos y otros un núcleo duro de la propuesta a defender y de llevar a los agentes de la sociedad civil la discusión de contenidos concretos del articulado que les afectan, con lo que se corregiría el déficit participativo y social del proceso que algunos venimos observando. Ni que decir tiene que ello exigiría que todos los agentes de este pueblo aceptaran, no sólo en el terreno del discurso, sino en el de los hechos, el principio de la exclusividad de las vías políticas, incluyendo a ETA.

En cuanto a las fuerzas estatalistas del no, cuya inclusión es necesaria en todo proceso de reconciliación sostenible, como lo muestra la vía irlandesa, hay que distinguir en todo caso la actitud numantinamente centralista del PP del objetivo del PSOE de configurar una España plural en la que quepan «comunidades nacionales» mediante la reforma correspondiente de los Estatutos de Autonomía. Buscar un puente entre este proyecto y la aceptación del derecho del pueblo vasco -y eventualmente de otros pueblos- a decidir sobre su futuro, es más un problema de voluntad política que de técnica jurídico-constitucional. Existiendo la voluntad, el papel, como ha ocurrido en otros procesos de paz, lo aguanta todo.

Hoy en día, esa voluntad brilla por su ausencia. En mi opinión, el único factor que podría generarla sería la convicción del Gobierno Zapatero de que si comienza en serio un proceso de paz no le va a estallar la bomba en las manos, como ocurrió en el proceso de Lizarra-Garazi, con lo que desaparecería su renta actual de situación sobre el PP, siendo por el contrario devorado por este partido en las próximas elecciones generales. Blindar su convicción de que su Gobierno será recordado como aquél en el curso del cual desapareció un tipo de violencia, la relacionada con el conflicto vasco, depende sobre todo de ETA.

Francisco Letamendia es profesor de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco.
Recogido en elmundo.es

El plan Ibarretxe es la plasmación de los objetivos políticos nacionalistas, reivindicados con el apoyo de la violencia de ETA. Pretende una independencia de facto, que imposibilitará toda intervención de la autoridad estatal en la gestión nacionalista de las tres provincias… pero no impedirá poder utilizar a España como vehículo para permanecer sin problemas en Europa.

Se basa en la existencia de un «pueblo» vasco pre-político pero con derechos como sujeto político, lo contrario de lo que reconoce la Constitución europea -que no habla más que de estados y ciudadanos-, por no referirnos a la española…

Si sale adelante, es probable que acabe la violencia de ETA, pero como acabó la violencia tras el final de nuestra guerra civil: por imposición de una dictadura, que es la violencia continuada por medios políticos injustos. Los vascos no nacionalistas que sigamos en nuestra tierra nos veremos obligados a vivir como si hubiésemos perdido una guerra civil que no hemos librado… No creo que haya nada escrito en los cielos ni creo en el destino: por lo tanto, creo que pasará lo que dejemos que pase.

Los hombres libres no se preguntan «¿QUÉ PASARÁ?», sino «¿QUÉ VAMOS A HACER?». Por mi parte, tengo claro que mientras tenga vida y fuerzas haré cuanto pueda por que los nacionalistas y terroristas no se salgan con la suya.

*Fernando Savater es escritor.   Recogido en elmundo.es

Alardear de legislación penal progresista con un código que no contempla la cadena perpetua y aplicar de facto dicha pena es muestra del cinismo de quien así actúa, su ánimo de venganza y el grado de manipulación de esa legislación con claro impulso político. El último caso es la situación que padece el ex preso político vasco Fernando Etxegarai, excarcelado tras más de veinte años de prisión por haber cumplido íntegra su condena, como acredita el auto firme en virtud del cual recuperó su libertad. El propio Etxegarai mostró ayer su incredulidad, máxime cuando a los presos vascos les han denegado en multitud de ocasiones la revisión de decisiones judiciales anteriores por diferentes y más que dudosos motivos, como la extinción del plazo para recurrir o la supuesta imposibilidad de revisar una decisión en auto firme. Son ya 27 los presos políticos vascos que, a instancias de la sentencia 127/2006 del Tribunal Supremo, han visto sus condenas prolongadas por muchos años. Presos que teniendo adjudicada por la instancia judicial competente una fecha de salida de prisión, en muchos casos sobrepasada tras haber cumplido íntegramente la pena, se enfrentan en la práctica a una cadena perpetua. Y quienes así estiran y retuercen las leyes dicen hacerlo en nombre del estado de derecho y la democracia.
Editorial de Gara 4/04/08